El régimen franquista inició desde el principio una política de represión contra los movimientos democráticos y de izquierdas, los valores que representó la República y ante cualquier manifestación nacionalista, sin plantear ninguna intención de fomentar la reconciliación de los dos bandos. La represión contra los movimientos democráticos y de izquierdas se articuló mediante dos leyes: Ley de Responsabilidades Políticas y de Depuración de funcionarios, de 1939, y Ley para la Seguridad del Estado y de Represión contra la Masonería y el Comunismo, de 1940. Según estas leyes, los presuntos delitos quedaban sometidos a la jurisdicción militar.
Aunque los principales dirigentes políticos, sindicales o intelectuales se marcharon al exilio, miles de personas fueron encarcelados, juzgados y condenados por sus ideas políticas o por el simple hecho de haber votado o apoyado a la República.
Junto a esta represión directa, se produjo otra más sutil, que se cebó en el mundo administrativo, docente y cultural mediante las llamadas depuraciones. El mecanismo más utilizado fue la delación, y la arbitrariedad jurídica se hizo evidente, ya que muchos funcionarios y profesores tenían que demostrar su inocencia sin conocer de qué se les acusaba. A esta represión política se unió la represión cultural, para imponer los valores de los vencedores.
La oposición política al régimen en el interior quedó totalmente desarticulada tras la guerra por la represión, que dejó sin cuadros dirigentes a partidos y sindicatos. Los intentos de la C.N.T. y el P.C.E., y en menor medida el P.S.O.E., de organizar células de resistencia, resultaron inútiles, ante la escasa información, el miedo y el hambre, que anularon toda capacidad de reacción de los obreros y campesinos. Al finalizar la guerra, muchos combatientes republicanos se «echaron al monte» e iniciaron una labor de hostigamiento a las fuerzas del orden y del Ejército, a través de pequeñas partidas, dirigidas por anarquistas y comunistas, conocidas como maquis. Se asentaron en la cornisa cantábrica y en algunas zonas del centro peninsular, pero poco a poco, fueron capturadas o eliminada. Hacia 1947 la guerrilla comenzó a declinar, y en 1948 el P.C.E. renunció a la táctica guerrillera, si bien grupos aislados continuarían durante algunos años refugiados en las montañas.
La oposición política en el exterior (República en el exilio) se caracterizó por reproducir las divisiones internas entre los partidos, que tuvieron lugar durante la guerra. Republicanos y socialistas recelaban de los comunistas, que subordinaban toda la táctica de resistencia a los dictados estalinistas soviéticos. En 1944 todas las fuerzas republicanas, con exclusión de los comunistas, se unieron en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, pero en 1945 la decepción cundió en las filas republicanas ante la evidencia de que las potencias ganadoras de la guerra mundial, no iban a hacer nada para acabar con la dictadura de Franco.
La oposición monárquica se centró en torno al heredero de Alfonso XIII, don Juan, instalado en Estoril, que en 1945 hizo público el Manifiesto de Lausana, en el que declaraba su apoyo a una transición democrática, a unas Cortes Constituyentes y a una amplia amnistía que permitiera la reconciliación entre los españoles.
Los primeros años de la década de los 50, desde el punto de vista de la situación política interna, se caracterizan por la estabilidad, pero mediada la década se producen algunos atisbos de oposición:
Aparecieron las primeras protestas estudiantiles, a raíz de la tímida apertura cultural, auspiciada por el ministro de Educación, Joaquín Ruíz-Giménez, que situó como rectores de las principales universidades a intelectuales de tono moderado. Grupos, relacionados casi siempre con movimientos católicos, pero en los que se infiltraban estudiantes socialistas y comunistas, comenzaban a operar en las facultades y a reclamar mayor libertad, desmarcándose del sindicato único falangista S.E.U. Los enfrentamientos que se producen en Madrid, entre jóvenes falangistas y estudiantes críticos con el régimen, en febrero de 1956, llevarán a una dura represión y a la destitución de Ruíz Giménez como ministro de Educación.
El movimiento sindical obrero clandestino se iba formando a través de asociaciones católicas de base, con fuerte influencia comunista, y habían ido ganando terreno con su táctica de presentarse a las elecciones sindicales y ocupar posiciones dentro del sindicato vertical. El P.C.E., tras superar una fuerte crisis interna, renovó sus estructuras en 1956, dando entrada a dirigentes más jóvenes, como Santiago Carrillo, que comenzaron a diseñar una red de oposición clandestina en el interior bastante eficaz.
Durante los sesenta se observa un progresivo compromiso con los valores democráticos de una parte de la clase obrera, los estudiantes y una parte de la clase media, lo que se materializa en un aumento de la movilización social y de las protestas. A estas movilizaciones se unirán los colectivos vecinales y la iglesia católica, que poco a poco se irá distanciando del régimen. Ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica comenzaban a denunciar la situación de los trabajadores y a insistir más en la labor de apostolado social y ayuda a los necesitados, que en reforzar los valores del nacional-catolicismo. A este movimiento ayudó el Concilio Vaticano II, impulsado por el Papa Juan XXIII, quien propuso una importante renovación de la Iglesia, lo que supuso una reafirmación de la oposición eclesiástica al franquismo. El conflicto llegó casi a la ruptura a comienzos de los 70, con la posición del nuevo arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Enrique y Tarancón, exigiendo libertades políticas y sindicales, rechazando la división entre vencedores y vencidos y pidiendo disculpas por el papel de la Iglesia tras la guerra civil.
Por otro lado, resurgen las tensiones nacionalistas, cuando en 1960 son detenidos algunos catalanistas, entre ellos Jordi Pujol, acusado de distribuir panfletos antifranquistas en catalán. Ese mismo año, numerosos curas vascos firman una carta protestando por la represión y exigiendo libertades públicas. Un año antes (julio de 1959) un grupo de jóvenes escindidos del P.N.V., agrupados en Ekin, funda E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad), que optará por la lucha armada para lograr la liberación nacional vasca y el socialismo. La represión policial de las acciones de E.T.A. generan mayor tensión en Euskadi, aumentando el apoyo popular, lo que radicalizó el clima hasta hacerlo explosivo. A lo largo de estos años se decretará el estado de sitio en numerosas ocasiones en el País Vasco.
Los conflictos laborales se hicieron más frecuentes. Desde la primavera de 1961 se multiplicaron las huelgas, concentradas sobre todo en sectores punta del crecimiento industrial (la minería, la construcción y la siderometalurgia) con un progresivo aumento a lo largo de la década. Si inicialmente primaron en ellas motivos salariales y laborales, poco a poco lo irán haciendo las motivaciones de solidaridad y denuncia de falta de libertades sindicales y políticas. Ene esta lucha tendrá un papel importante el sindicato Comisiones Obreras.
Mientras, la oposición política reconstruía poco a poco sus redes clandestinas en medios universitarios y obreros, si bien la represión hacía caer una y otra vez detenidos a sus dirigentes. Su mayor éxito se produciría en la reunión en Múnich del IV Congreso del Movimiento Europeo en 1962, cuando dirigentes liberales, monárquicos y demócrata-cristianos, ante la petición de España solicitando la adhesión al Mercado Común, aprobaban una declaración recomendando la no admisión de España en tanto no se restauraran las libertades. El gobierno respondió con enorme dureza a lo que denominó “contubernio de Múnich”, persiguiendo y confinando a varios de los participantes en el encuentro. La oposición crecía también en las Universidades: en 1965 Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo eran expulsados de sus cátedras a raíz de unos incidentes en la Universidad, mientras en 1968 fue cerrada la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, y al año siguiente la Universidad de Barcelona y en ese mismo año, un estudiante madrileño moría en circunstancias sospechosas tras ser detenido por la policía.
En el inicio de la década de los setenta, la oposición a franquismo era cada vez mayor, multiplicándose las huelgas obreras y estudiantiles, y ampliándose el espectro social y profesional. Las huelgas obreras se extendieron en las grandes empresas, y el régimen sólo supo responder con la represión y la aplicación indiscriminada de estados de excepción, interrogatorios y torturas por parte de la Brigada Político-Social, y enjuiciamientos en los Tribunales de Orden Público (T.O.P.) o en la jurisdicción militar. Uno de los procesos más importantes será el llamado «Proceso 1.001», llevado a cabo en 1973 contra dirigentes de CC.OO. encabezados por su líder, Marcelino Camacho: Todos ellos serían condenados a largas condenas de cárcel.
La situación del orden público llegó a ser explosiva: el 1 de mayo una nueva organización terrorista, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P.) asesinaba a un policía en Madrid. La represión se acentuó contra los dirigentes sindicales, al tiempo que se detenía a varios miembros del F.R.A.P. y de E.T.A. Esta última organización, que incrementaría aún más su actividad, asesinaba en Madrid el 20 de noviembre de 1973 al almirante Carrero Blanco con un atentado minuciosamente preparado. Fueron los momentos más duros de un régimen que mantuvo intactas hasta el final sus estructuras represivas.
En 1974 se organiza, en torno al PCE, la Junta Democrática y un año después la Plataforma democrática, en torno al PSOE. Ambas organizaciones defendían la ruptura democrática con el régimen una vez que hubiese desaparecido el dictador. Sus contactos llegaban incluso a sectores y personas vinculadas al régimen y al propio Ejército, donde unos pocos oficiales formarían la Unión Militar Democrática (U.M.D.), totalmente desarticulada en la primavera de 1975. Este año también se cerrará la Universidad de Valladolid, como respuesta a las protestas estudiantiles.
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