jueves, 3 de mayo de 2018

Bloque 10.8. Compara la evolución política y la situación económica de los dos bandos durante la guerra

Desde el primer momento de la guerra quedó patente una diferencia muy clara entre los dos bandos: división, frente a unidad de mando. Mientras en el bando republicano la división era un hecho y la falta de autoridad del gobierno permitió la acción independiente de multitud de comités obreros, en la zona sublevada, la temprana elección de Franco como jefe único, disipará toda tentación de actuación independiente, favoreciendo la organización de un Estado totalitario, con un mando único, tanto en lo civil como en lo militar. Esta diferencia será determinante en el devenir de la guerra.




A. La zona republicana

     El fracaso del golpe militar y el inicio de la guerra desencadenó en la zona republicana una verdadera revolución social.  Los comités de los partidos y sindicatos obreros pasaron a controlar los elementos esenciales de la economía: transportes, suministros militares, centros de producción. Mientras, el gobierno presidido por José Giral, se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho. En el campo, tuvo lugar una ocupación masiva de fincas, tanto las grandes propiedades como, en algún caso, las medianas y pequeñas. En las zonas donde predominaban los socialistas se llevó a cabo la socialización de la tierra y su puesta en producción. En las zonas de hegemonía anarquista tuvo lugar una colectivización total de la propiedad. En algunos casos, se llegó incluso a abolir el dinero. Barcelona se convertirá en la vanguardia de la revolución, bajo la dirección de la CNT-FAI.

Básicamente, a lo largo de la guerra se enfrentarán dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) que emprendieron la inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era "Revolución y guerra al mismo tiempo" y su zona de hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la toma de decisiones en el gobierno, respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era "Primero la guerra y después la revolución".

En septiembre de 1936, el gobierno de Giral es sustituido por un gobierno de unidad, presidido por el socialista Largo Caballero y con ministros del PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes. En noviembre se incorporaron cuatro dirigentes anarquistas, entre ellos Federica Montseny, la primera mujer ministra en España. El gran desafío del nuevo gobierno era recuperar el control de la situación y crear una estructura de poder centralizada que pudiera dirigir de forma eficiente el esfuerzo de guerra. Para ello, decretó la disolución de las juntas y de los comités obreros; reguló los consejos que regían los ayuntamientos y las diputaciones; potenció los tribunales populares, impuso un fuerte control sobre el Banco de España y militarizó las milicias, con el fin de lograr un ejército unido y disciplinado. La tarea era enormemente difícil; el poder estaba en manos de miles de comités obreros y milicias que a menudo se enfrentaban entre sí, especialmente los anarquistas con socialistas y comunistas.  Los gobiernos autónomos eran otro factor de disgregación; no sin dudas, el nacionalismo vasco había optado por apoyar la República y en octubre de 1936 se aprobó el Estatuto vasco. Jose Antonio Aguirre se convirtió en el primer lehendakari o presidente del gobierno autónomo.

Las disensiones internas fueron continuas y llegaron a su momento clave en Barcelona en mayo de 1937. El gobierno de la Generalitat, siguiendo instrucciones del gobierno central, trató de tomar el control de la Telefónica de Barcelona, en manos de un comité de la CNT desde el inicio de la guerra. El intento desencadenó una insurrección y los combates callejeros se extendieron por Barcelona. La crisis provocó la dimisión del gobierno de Largo Caballero, en Mayo de 1937.

El nuevo gobierno presidido por el socialista Negrín, tenía una mayoría de ministros del PSOE, pero se inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE. La ayuda de la Unión Soviética de Stalin, había hecho que los comunistas pasaran de ser un grupo minoritario a una fuerza muy influyente. Aunque ya era tarde para cambiar el signo de la guerra, a partir de ese momento se impuso una mayor centralización en la dirección de la economía y se terminó de construir el Ejército Popular, acabando con la indisciplina de las milicias.
Negrín planteó en sus “13 puntos” todo un programa político de centralización del poder: se impuso a los comités; recuperó el poder en Cataluña; liquidó las colectividades y el Consejo de Aragón y dedicó los mayores esfuerzos militares y económicos a intentar ganar la guerra. Sin embargo, los enfrentamientos políticos se agudizaron. Los enfrentamientos entre estalinistas y trostkistas que estaban teniendo lugar en la URSS y en Europa se reprodujeron en suelo español. El POUM fue ilegalizado y su dirigente, Andreu Nin, "desapareció" estando en manos de agentes soviéticos. Todo apunta a que fue salvajemente torturado antes de ser ejecutado.

     A partir de marzo de 1938, momento en el que las tropas de Franco llegaron al Mediterráneo y dividieron en dos la zona republicana, surgieron de nuevo dos posturas enfrentadas. Mientras la postura oficial, representada por Negrín y apoyada por el PCE y parte del PSOE, seguía defendiendo la” resistencia a ultranza", algunos dirigentes, anarquistas y socialistas, empiezan a hablar de la necesidad de negociar ante la perspectiva de la segura derrota.

El Pacto de Múnich en septiembre de 1938 (vano intento de apaciguar a Hitler) no favorecía para nada el apoyo internacional a la República. En Julio de ese mismo año se había acordado la retirada de las Brigadas Internacionales, mientras la disminución de la ayuda soviética, los problemas internos, y la caída de Cataluña, reforzaron la idea de que la guerra estaba perdida. Así, en marzo de 1939 el golpe del coronel Casado desalojó del poder a Negrín, con la esperanza de poder negociar con Franco una paz honrosa, que respetase a los vencidos. Pero Franco exigió la rendición incondicional.

Desde el punto de vista económico, la zona republicana abarcaba, en el primer año de la guerra, las grandes ciudades, excepto Sevilla, y albergaba a un mayor número de población, unos 14 millones de personas. En su territorio se encontraban también, la mayoría de las grandes industrias y las zonas mineras, aunque la mayoría de las tierras dedicadas a la agricultura estarán en manos de los sublevados. El problema para el gobierno republicano radicó en que, desde el inicio de la guerra, una parte de los centros de producción pasaron a control de las milicias obreras especialmente de la CNT (es el caso de Cataluña y Levante), y el campo, especialmente en Aragón, también. En el caso de la industria vasca, en general se mantuvo en manos privadas, y así seguirá hasta su caída en manos del bando sublevado. 

El gobierno republicano y las milicias obreras llevaron a cabo una importante reforma agraria, expropiando tierras, pero el desorden y la falta de autoridad llevó a un descontrol total, que impedía el adecuado abastecimiento de productos agrarios. Desde el punto de vista financiero, el gobierno de la República mantenía en su poder las reservas de oro del Banco de España, pero se vio obligado a entregarlas a Moscú, como pago por la ayuda soviética. A medida que avanzaba la guerra y los sublevados extendían su zona de ocupación, los problemas económicos eran más graves, y las autoridades republicanas se veían incapaces de financiar las necesidades bélicas ni de la población civil.


B. La zona “nacional” o sublevada

     En un principio parecía que era el general Sanjurjo el elegido para dirigir la insurrección, pero su muerte, el 20 de julio de 1936, dejó a los sublevados sin un líder claro. El 24 julio, una reunión de los generales en Burgos, acordó crear la Junta de Defensa Nacional, que se configuró como órgano provisional de gobierno de la zona nacional. Las medidas que adoptó fueron drásticas: se estableció el estado de guerra en todo el territorio, se suprimieron todas las libertades y se disolvieron todos los partidos políticos, excepto la Falange y los Requetés carlistas.

En esos momentos la propaganda nacionalista se centraba en la justificación del golpe militar, contra un gobierno democráticamente elegido, con el argumento de que la insurrección militar había sido en realidad un Alzamiento Nacional contra una República "marxista" y "antiespañola". 

 La necesidad de contar con una dirección única era evidente para unos militares educados en la disciplina y la jerarquía. El 1 de octubre 1936 Franco fue designado jefe del Gobierno del Estado español y Generalísimo. Sus éxitos militares, el estar al frente del poderoso Ejercito de África y el apoyo de Alemania con la que mantenía contactos directos explican el ascenso al poder de Franco. En adelante, el Caudillo, como le empieza a denominar la maquinaria propagandística del bando nacional, establece una dictadura personal basada en un régimen militar. Una Junta Técnica del Estado, formada por militares, se conforma como órgano consultivo del dictador. En abril de 1937, se aprobó el Decreto de Unificación, mediante el cual, Falangistas y carlistas quedaron unificados en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, que pasará a se conocido como el Movimiento Nacional.  Se imponía así en España, el modelo de partido único del fascismo italiano y del nacional-socialismo alemán.

A la vez que se desarrollaba la guerra, se ponían en pie las estructuras legislativas para asentar el nuevo régimen dictatorial. La Ley de la Administración Central del Estado (enero de 1938) concentró en la figura de Franco los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La Ley de Prensa estableció la censura en todo tipo de publicaciones y el Fuero del Trabajo (marzo de 1938) puso fin a la libertad sindical y estableció el control del estado nacional sobre las organizaciones patronales y obreras. Por último, se creó una legislación que institucionalizó la represión contra los vencidos. En febrero de 1939 se aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, por la que se designaba "rebeldes" a todos los que se hubieran enfrentado al Movimiento Nacional.
El nuevo régimen estableció un estado confesional, devolviendo a la iglesia todos los privilegios que le habían sido arrebatados durante la República. Volvió la subvención estatal de la Iglesia, se abolió el divorcio y el matrimonio civil, gran parte de la educación volvió a manos del clero. Se establecía así lo que se vino a denominar el Nacional-catolicismo. La Iglesia Católica, duramente perseguida en la zona republicana, termina de configurar la teoría que justifica la matanza que está asolando el país: la guerra es una Cruzada para liberar a España del ateísmo (Pastoral de 6 de agosto de 1936).

En el bando sublevado, la mayor parte de los territorios bajo su influencia inicial eran las zonas agrícolas, especialmente de Castilla, por lo que el abastecimiento de grano estaba asegurado. Las medidas que en un principio se tomaron, en el terreno económico, fueron encaminadas en una doble dirección: cancelación de todas las reformas republicanas, con la devolución a sus propietarios de las tierras repartidas en la reforma agraria, e intervención del Estado en la economía siguiendo los principios de la ideología fascista. Así, en 1937, se creó el Servicio Nacional del Trigo que pasó a controlar el abastecimiento de pan de la población. La existencia desde el principio de la guerra de una autoridad fuerte, permitió organizar la economía como una economía controlada por el poder, con el apoyo de los grandes terratenientes, la banca y los sectores financieros. La falta de industrias se verá pronto subsanada con la toma de la cornisa cantábrica, a lo largo de 1937, y el control de toda la zona minera y siderometalúrgica. El déficit financiero lo equilibraron gracias a la ayuda militar de las dos potencias fascistas, Alemania e Italia.

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