En la primavera de
1976, el rey Juan Carlos I estaba seriamente comprometido con el cambio político
hacia un sistema democrático. Esto implicaba prescindir del franquista Arias Navarro como presidente
del Gobierno. El 1 de julio el presidente Arias presentó su dimisión y el rey, aconsejado por Torcuato Fernández Miranda, nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez González.
El nombramiento de
Adolfo Suárez fue recibido con sorpresa y desconfianza por la prensa y por la
oposición. Los inmovilistas veían en él a un hombre de poco prestigio, mientras
en la oposición democrática, nadie creía que un falangista pudiera conducir la
reforma política. Suárez se encontró con la negativa de los llamados aperturistas a
entrar en su gobierno, lo que le obligó a nombrar a políticos jóvenes y casi
desconocidos, entre los que estaban, Martín Villa, Landelino Lavilla, Marcelino
Oreja, Fernando Abril Martorell y Leopoldo Calvo-Sotelo. El nuevo Gobierno, con
el apoyo del Rey y convencido de que las reformas eran inaplazables, comenzó su tarea reformista, provocando la
irritación del «bunker» franquista.
En Julio de 1976 las
Cortes aprobaban la reforma del Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo
aquéllos que «sometidos a una disciplina internacional, se propongan implantar
un sistema totalitario», redacción impuesta en las Cortes para excluir a los
comunistas. Poco después, y por primera vez, el Gobierno hacía pública una declaración programática, en la que
hablaba de soberanía popular, de régimen democrático, de respeto a las
libertades y de elecciones.
El 31 de julio de 1976, el
gobierno aprobaba una amnistía que
permitía la liberación de muchos presos políticos, aunque excluía expresamente
a los condenados por delitos de terrorismo, lo que dejaba en las prisiones a la
mayoría de los presos vascos. El día 11 de septiembre
se permitió celebrar la Diada o Día
Nacional de Cataluña. Medio millón de personas salió a la calle para
reivindicar el restablecimiento de la Generalitat.
Pero la pieza clave de
la transición fue la Ley para la Reforma
Política, cuyo proyecto fue presentado a los españoles, a través de la televisión,
por el presidente Suárez, en septiembre de 1976. El proyecto planteaba el
cambio hacia un sistema parlamentario y constituyente, que se haría a
partir de las instituciones franquistas (“A la ley desde la ley”). Afirmaba la
democracia y el principio de soberanía popular, planteaba un poder legislativo
en unas Cortes bicamerales, que serían elegidas por sufragio universal —salvo 40
senadores de designación regia—, y regulaba la vía para que ambas cámaras (Congreso
y Senado) asumieran en el futuro una reforma constitucional. También fijaba
algunos aspectos de la futura ley electoral.
Para llevar a cabo este
proyecto era necesario controlar las estructuras de poder franquistas, buscando el apoyo del mayor número posible de procuradores de las Cortes franquistas, aislando a los más extremistas, y buscando el apoyo, o cuando menos la neutralidad, de las Fuerzas Armadas, uno de los pilares del franquismo. Para realizar esta última labor, fue designado el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado como vicepresidente del gobierno. Su trabajo para adaptar las fuerzas armadas al
sistema democrático fue decisivo para el futuro político de la España democrática.
Tras largas y tensas
discusiones en el seno de las Cortes franquistas, los procuradores aprobaron la
Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976,
por 425 votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones. Se daba así la paradoja de que unas Cortes franquistas ponían
fin al sistema franquista. En diciembre, la Ley de Reforma Política será aprobada por el pueblo español, mediante un referendum, con un 94% de votos favorables. El referéndum supuso un éxito para el Gobierno, frente a la
mayoría de la oposición que había pedido la abstención, o directamente el voto
en contra. Ante el resultado de la consulta, la oposición de izquierda y nacionalista dejaron a un lado sus posiciones rupturistas y se encaminaron a una senda de consenso político. Consenso será la palabra que mejor resuma toda esta etapa de nuestra Historia.
A partir del referéndum
tienen lugar los meses más trágicos de la transición política. Las acciones terroristas tanto de extrema derecha
como de ETA y del recién aparecido GRAPO, era constantes, alcanzando su momento
más álgido en la semana del 23 al 29 de enero de 1977.
Suárez intensificó las
negociaciones con la oposición y se simplificaron los trámites para la
legalización de partidos políticos, aunque se denegó la del PCE, debido a la
oposición del ejército. Sin embargo, los contactos con Santiago Carrillo
continuaron en secreto, y el día 9 de abril de 1977, sábado santo, se hizo
pública la legalización del Partido
Comunista de España. Pese a todas las precauciones, el impacto fue enorme, especialmente
entre los militares, que acataron la decisión «por disciplina y patriotismo»,
pero dejando entrever la crispación que les producía. Pocos días después, el
PCE celebró un pleno del Comité Central, al término del cual anunció a la
prensa su renuncia a plantear la República, aceptando pues la monarquía como
forma de Estado y la bandera roja y amarilla como la oficial. Fue este, un gesto pactado con el gobierno
para intentar calmar los ánimos y mejorar la imagen del partido ante los
sectores más conservadores. El Gobierno decretó la disolución del Movimiento
Nacional y días después, el 28 de abril, se legalizaban las centrales
sindicales y las organizaciones patronales, mientras, se aceleraba el regreso
de los exiliados, y se ampliaba la
amnistía, que abarcaba a presos de ETA, aunque no sirvió para que esta
organización terrorista cesase en sus acciones violentas.
Finalmente se convocarán, el 15
de junio de 1977, las primeras elecciones libres y democráticas, desde la II
República. En octubre de 1977, las nuevas cortes democráticas aprobarían una
nueva Ley de Amnistía, que incluía a
los presos de ETA y GRAPO. Además, se
renunciaba a la exigencia de responsabilidades penales por los delitos contra
la libertad y los derechos de las personas, que hubiesen sido cometidos con
anterioridad. Era el inicio de lo que los comunistas Dolores Ibárruri y Santiago
Carrillo denominaron “reconciliación nacional”.
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