lunes, 16 de abril de 2018

Bloque 12.1. Explica las alternativas políticas que se proponían tras la muerte de Franco...


Cuando en noviembre de 1975 fue proclamado Rey de España Juan Carlos I, pocos confiaban en que su reinado pudiera traer un cambio democrático pacífico al país. Ni la mayoría de los franquistas ni la oposición creían que esas fueran las intenciones del nuevo monarca. Sin embargo, en un periodo de tiempo relativamente corto se produjo el cambio desde la legalidad de la dictadura a un régimen democrático homologable a los de la Europa occidental, en un proceso que se ha denominado la transición política, basado en el consenso. Ante la nueva situación, franquistas, monárquicos, socialistas, comunistas y nacionalistas tenían planteamientos políticos totalmente enfrentados.


Dentro del franquismo se decantaron dos posturas: una ultraderecha opuesta a cualquier cambio, llamados inmovilistas, como Girón de Velasco o Blas Piñar. Se les conoció como el búnker, y sus apoyos principales estaban en el ejército. Por otro lado, estaban los aperturistas, partidarios de reformas más o menos profundas, pero dentro de una democracia limitada y controlada. En este grupo estarían políticos como Fraga Iribarne, Jose María Areilza, Suárez o Martín Villa. Dentro de este segundo grupo había políticos, convencidos de que el franquismo sin Franco no era viable, y que consideraban que el avance hacia una democracia siguiendo el modelo de Europa, era absolutamente imprescindible para la integración de España en las instituciones europeas.

La oposición democrática en el interior y en el exilio aparecía muy dividida ideológicamente:

Por un lado, la derecha democrática contaba con dos grupos definidos, encabezados por personalidades históricas como los demócrata-cristianos Joaquín Ruiz-Giménez y José María Gil Robles (hijo) o los monárquicos juanistas (defensores de los derechos dinásticos de Don Juan de Borbón), como Rafael Calvo Serer.

Por otro, la oposición de izquierda, dividida en varias fuerzas políticas, aunque se pueden destacar dos importantes:

   El PSOE, liderado por Felipe González Márquez, elegido Secretario General en 1974, en el Congreso de Suresnes (Francia). En 1975, su influencia aún era muy escasa en la calle o en la Universidad, y sólo en regiones como Asturias o el País Vasco tenía cierta fuerza gracias a la UGT.
   El PCE fue el gran protagonista en la lucha contra la dictadura, desde el interior. Su fuerte disciplina interna le había convertido en la fuerza más importante en la oposición interna, sobre todo en el movimiento vecinal, en ciertos colectivos profesionales y en el movimiento obrero, a través de su influencia en CCOO. Dirigido por Santiago Carrillo desde su exilio de París, adoptó una posición favorable al juego democrático, y su capacidad de movilización le convirtió en partido clave.

En el ámbito sindical la fuerza predominante era Comisiones Obreras (CCOO), cuya táctica de infiltración en las estructuras del sindicato vertical franquista, les había permitido ir conquistando éxitos en las huelgas y liderar la lucha obrera a finales de 1975. También la UGT comenzaba a recuperar parte de su perdida influencia. Otros sindicatos, como la Unión Sindical Obrera (USO) o la histórica CNT anarquista, tenían una fuerza mucho menor.

En lo relativo a las fuerzas nacionalistas, destacaban sobre todo las catalanas y vascas:

   En Cataluña, desde 1971 existía la Asamblea de Catalunya que reunía a partidos, sindicatos, asociaciones vecinales y todo tipo de grupos de oposición. En enero de 1975 se organizó el Consell de Forçes Politiques de Catalunya que reivindicaba, por encima de todo, el restablecimiento de la autonomía.

 En el País Vasco, existía un claro enfrentamiento entre nacionalistas y los partidos españolistas, debido, sobre todo, a la actividad terrorista de E.T.A. cuyas acciones apoyaba una parte importante de la población vasca, y que no condenaba el Partido Nacionalista Vasco (PNV), aunque rechazaba la violencia como táctica de lucha.

La acción opositora adquirió una gran fuerza debido a la creación, en julio de 1974, de la Junta Democrática, buscando la unidad de acción frente a la dictadura, que proponía el PCE. A ella se sumaron partidos como el PSP de Tierno Calvan, sindicatos como CCOO, personalidades independientes, asociaciones vecinales y profesionales etc., de manera que, en enero de 1975, había ya más de 500 juntas en todo el país. Su programa preconizaba la ruptura política, es decir, la imposición mediante la táctica de la movilización de masas,  de un gobierno provisional que asumiría la dirección del proceso de cambio político, oponiéndose a cualquier reforma que partiese del régimen franquista. Ese gobierno provisional, concedería una amnistía, legalizaría partidos y sindicatos, reconocería algunos derechos fundamentales, celebraría una consulta popular para decidir la forma de estado y convocaría elecciones libres constituyentes.

El PSOE se negó a integrarse en la Junta Democrática, porque estaba liderada por el PCE, algo que no gustaba a los socialistas. Así que promovió la creación de la Plataforma de Convergencia Democrática, en la cual se integraría a los democristianos de Joaquín Ruiz Giménez, a los socialdemócratas, a UGT, al PNV y a una facción izquierdista del carlismo que apoyaba a Carlos Hugo de Borbón. Su planteamiento era claramente reformista, ya que planteó una estrategia de ruptura pactada con el sector más reformista del régimen representado por Adolfo Suárez.

En marzo de 1976, se unifican las dos plataformas, naciendo Coordinación Democrática (denominada popularmente «Platajunta»), y más tarde en octubre, pasa a llamarse Plataforma de Organismos Democráticos a la que se sumaron otras entidades opositoras, como la Asamblea de Catalunya, hasta abarcar prácticamente a toda la oposición antifranquista.

El nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno, en Julio de1976, tras el periodo autoritario de Arias Navarro, dio paso a un proceso reformista, en el que directa o indirectamente, terminaron participando todos, mediante la estrategia del “consenso”, que permitirá la instauración de una monarquía parlamentaria  y democrática.

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