Bloque 7.1. Explica los elementos fundamentales del sistema político ideado por Cánovas

El sistema canovista constituye el fundamento del llamado “Sistema de la Restauración”, que marcó el periodo iniciado en 1875 con el retorno de los Borbones, en la persona de Alfonso XII. Se trata de un régimen liberal-conservador, escasamente democrático, y abierto a todos los sectores dirigentes burgueses, buscando la estabilidad política y el alejamiento de los militares de la esfera política.

Sin embargo, el nuevo sistema excluirá a las clases bajas de la vida política, cerrando el paso a los grupos y movimientos políticos que podían poner en cuestión el orden social burgués. Así, el ejercicio exclusivo del poder político corresponderá a una elite de los grandes partidos burgueses, ahora llamados Conservador y Liberal, cuya alternancia sistemática en el poder evitará la inestabilidad de la etapa anterior, aunque a cambio, potenciará prácticas políticas corruptas.

Cánovas del Castillo es el hombre clave de la Restauración, pues no solo es quien diseña la estrategia para devolver a los Borbones la Corona, sino quien, una vez conseguido lo anterior, organiza el nuevo sistema político. Además de buscar el apoyo diplomático internacional para el reconocimiento de Alfonso XII como rey, Cánovas pretendía que en el interior del país existiera una unidad en la opinión pública y en los sectores dirigentes para el restablecimiento de la monarquía. Para ello la monarquía debería basarse en la conciliación, en que no hubiera vencedores ni vencidos, y en que la institución se asentara sobre los principios liberales moderados. Básicamente se trataba de seguir el ideario político del liberalismo doctrinario, defensor de la soberanía compartida entre la Nación (a través de las Cortes) y el Rey.

El nuevo sistema canovista se basa en tres objetivos: asentar firmemente la Monarquía como forma del Estado, pilar básico en que se cimentaba el país; crear un marco constitucional que fuera igualmente válido para los antiguos moderados, unionistas, progresistas y demócratas con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la alternancia en el gobierno, acabando con el pronunciamiento como vía para tomar el poder, y resolver el problema de la permanente intervención militar en el sistema político, propiciando la vuelta de los militares a los cuarteles, algo que se consiguió durante el reinado de Alfonso XII.

La Constitución de 1876, ideada por Cánovas, debía ser el fundamento jurídico del sistema, por eso contiene elementos de las constituciones anteriores (la de 1845 y 1869), en un intento de contentar a la corriente progresista del liberalismo y atraerla hacia la monarquía. Los principales aspectos del texto constitucional son:

La soberanía es compartida y la potestad de hacer las leyes reside en "las Cortes con el Rey". Así, los poderes del Rey se acrecientan (incluso dispone, por primera vez, del mando supremo de los ejércitos, lo que creará una relación especial y directa entre monarca y fuerzas armadas) y se convierte en el verdadero arbitro del sistema.

La declaración de derechos y deberes es amplia, y recoge casi todas las conquistas de 1869, pero como en 1845, su concreción se remite a las leyes ordinarias, y éstas, en su mayor parte, tendieron a restringirlos, especialmente los de imprenta, expresión asociación y reunión.

El reconocimiento de la confesionalidad católica del Estado, y la garantía del sostenimiento del culto y clero.

En cuanto a los poderes del Estado, el poder legislativo corresponde a las Cortes y al Rey, ambos con iniciativa legal. La Corona tiene la potestad de sancionar las leyes, de vetar una ley y de disolver las Cámaras, en cuyo caso debe convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses. Las Cortes son bicamerales, con un Senado, sin elección popular, y un Congreso cuyos diputados son elegidos cada 5 años por sufragio directo, que será censitario hasta 1890, y a partir de ese año, universal. El poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros, que responden ante las Cámaras. El Rey elige libremente al jefe del Gobierno y no es responsable ante las Cortes. El poder judicial es independiente y se reafirma la unidad de códigos, al restringirse los fueros vascos, especialmente tras la derrota carlista en la 3ª y última guerra civil del siglo XIX.

Los Ayuntamientos y Diputaciones quedan bajo control gubernamental, por lo que la organización del Estado se lleva a cabo desde una óptica conservadora y centralista.

La España de la Restauración tiene una estructura de partidos que enlaza con la del periodo isabelino, aunque con ligeros cambios. Los antiguos moderados y progresistas pasan a ser Conservadores y Liberales, caracterizados ambos por ser partidos de notables, provenientes de capitales de provincia, y que no representan de hecho a la sociedad real ni a sectores concretos como son las burguesías de los territorios periféricos o el proletariado.

El Partido Liberal-Conservador integra a antiguos moderados, unionistas y algunos progresistas disidentes, y durante estos años se denominará Partido Conservador. Su programa, reflejo del pensamiento de Cánovas, se basa en la defensa del orden social, la Monarquía y la propiedad. Sus apoyos principales se encuentran entre la aristocracia terrateniente del sur de España, las clases medias gallegas o de Levante y, desde los años 80, las organizaciones católicas, que siguen las indicaciones del Papa León XIII, en su encíclica “De rerum novarum” sobre la necesidad de su participación en la política.

El Partido Liberal-fusionista: Tiene su base en el antiguo Partido Constitucional de Sagasta, formado durante el reinado de Amadeo I por progresistas e izquierdistas de la Unión Liberal. En el inicio de la Restauración, se situó en una oposición defensora de las libertades recogidas en la Constitución del 69, pero poco a poco, se impuso la tesis de integrase en el sistema como oposición liberal, aceptando la monarquía de Alfonso XII. En 1880 con la unión de todas las corrientes nació el Partido Liberal-Fusionista, llamado simplemente Partido Liberal, con un programa en favor del progreso y la libertad basado en la defensa de los derechos y libertades individuales y del sufragio universal.

A partir de 1881, cuando el Partido Liberal, liderado por Sagasta, forma gobierno por primera vez, comenzó una alternancia que caracterizó al sistema hasta su definitiva crisis en 1923, y que se conoce como turnismo. Esta práctica de alternancia política entre Conservadores y Liberales, se llevará a cabo al margen de la voluntad popular y de la propia Constitución; quedando institucionalizada en el “Pacto de EI Pardo”, realizado por Cánovas y Sagasta a la muerte de Alfonso XII en 1885.

Este acuerdo, que buscaba dar estabilidad a la regencia de María Cristina, les comprometía a permitir la rotación pacífica de los dos partidos en el gobierno. Se comprometían también a respetar la legislación que cada uno realizara en el ejercicio del poder; de esta forma se consolidaba el bipartidismo, dejando fuera a las demás fuerzas políticas, tanto de la izquierda como de la ultraderecha. El sistema turnista ayudará a superar la crisis de fin de siglo y a dar estabilidad a la larga regencia de Mª Cristina, pero a costa de agudizar la corrupción política y de falsear la voluntad popular, lo que provocó que la ciudadanía fuera cada vez más ajena al régimen.

Para que en el turno pacífico funcionase era necesario el caciquismo como práctica electoral. La palabra cacique (literalmente, «señor de indios») alude aquí a la persona, generalmente terrateniente local o, en ocasiones, eclesiástica, que, por sus relaciones con la administración, controlaba los resortes de poder y podía indicar el sentido del voto de un núcleo de población o comarca, al proporcionar trabajo o favorecer económica y socialmente a sus clientes.

El cacique era vital en el reparto de cargos públicos en el ámbito local y en la manipulación electoral, necesaria para que los dos partidos del sistema se turnasen en el poder, garantizando que el que ganaba las elecciones respetaba la legislación del anterior, y que el que perdía, conseguía los suficientes escaños. A los demás partidos, situados fuera del sistema de turno, se les impedía toda representación parlamentaria significativa, lo que a la larga llevará a todos ellos a situarse frente al sistema y también frente a la monarquía.

El caciquismo se veía favorecido por el desinterés del pueblo hacia las elecciones, el atraso económico, las relaciones de dependencia de los campesinos hacia los patronos en las zonas rurales y el analfabetismo.

Su funcionamiento seguía un esquema simple: todo se ponía en marcha cuando el jefe del gobierno en ejercicio presentaba su dimisión al rey porque acusaba el desgaste de su gestión o, sencillamente, porque los líderes de los dos partidos dinásticos consideraban necesario el relevo. Al mismo tiempo se sugería a la Corona el nombramiento de un nuevo gabinete, cuyo jefe sería el líder del otro partido dinástico, en ese momento en la oposición.

El nuevo jefe de gobierno, para formar la mayoría parlamentaría que necesitaba, obtenía del monarca el decreto de disolución de las Cortes y componía con su ministro de la Gobernación una lista de candidatos a los que se debía conceder escaño en las elecciones. Se trataba de los encasillados, muchos de los cuales ni tan siquiera eran naturales de la circunscripción por la que se presentaban, por eso se les conocía como diputados cuneros. A continuación, en las negociaciones llevadas por el gobierno y el gobernador civil en el ámbito local, hacía su aparición el cacique, pues era quien podía entregar los votos de la clientela que se había ido creando, a un candidato u otro. De hecho, las negociaciones previas a las elecciones y sus resultados solían publicarse en la prensa, con anterioridad incluso a que se produjeran las votaciones. El «pucherazo» suponía la utilización de todos los medios para imponer al candidato: coacciones previas, fraude en la confección del censo y las listas, manipulación de los votos, destrucción de actas electorales, cambio del horario de apertura y cierre de las mesas electorales sin previo aviso, etc.

Así, todo el sistema acabó descansando en el voto de las zonas rurales, sobre todo de las más atrasadas (Galicia, Andalucía oriental), donde, increíblemente, llegaba a participar el 80% del electorado, mientras que en las ciudades no lo hacía más que el 20%. Eran los votos urbanos, difíciles de controlar, los que representaban la oposición y constituían una amenaza para el corrupto sistema electoral.

Este sistema entrará en crisis durante el reinado de Alfonso XIII, debido a la enorme corrupción, pero sobre todo, al cambio de mentalidad propiciado por la crisis de 1898, al desarrollo de los partidos de izquierdas y al nacimiento y desarrollo de los partidos nacionalistas, especialmente en Cataluña.