La historia económica del periodo franquista podría analizarse a lo largo de tres etapas, directamente relacionadas con la evolución política del país y con el contexto internacional:
En 1939 la prioridad del régimen era la reconstrucción de un país devastado, arruinado demográfica y económicamente después de tres años de guerra. El hambre de una gran mayoría de la población, derivado del hundimiento de la producción agraria, obligaba al racionamiento. Para afrontar la situación, las autoridades optaron por un modelo acorde con los planteamientos del fascismo italiano, tan admirados entonces por los dirigentes falangistas, según los cuales un país no podía gozar de independencia política si no era económicamente autónomo, casi autosuficiente, autárquico.
Se implantó así, un sistema intervencionista que impedía la actuación libre de los agentes económicos. El Estado fijó los precios agrícolas y obligó a los campesinos a entregar los excedentes de sus cosechas al Servicio Nacional del trigo. Se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 para mejor controlar la débil industria española y se estableció un rígido control del comercio exterior. Sólo la importación de petróleo estadounidense, y los acuerdos comerciales con Argentina, que suministraba trigo en grandes cantidades para suplir el déficit de alimentos, permitieron la supervivencia del régimen
Con el aislamiento económico y diplomático, la autarquía, que hasta entonces había sido una opción voluntaria, se convirtió en una necesidad, prolongándose las secuelas de hambre y miseria. Las consecuencias de todo ello fueron nefastas: producción agraria e industrial escasas, hundimiento de la renta nacional y de la renta per cápita, con niveles por debajo de los de 1935.
Se generalizó el mercado negro de casi todos los artículos de consumo, empezando por los alimentos, que esquivaban los bajos precios y funcionaba al margen de las cartillas de racionamiento, que la población estaba obligada a utilizar para adquirir los productos básicos. Los traficantes acumulaban enormes beneficios del llamado estraperlo, apoyados en la influencia que quienes lo practicaban tenían en las jerarquías de la Falange, de la Administración o del Ejército.
b. Los años 50: fin de la autarquía y flexibilización
En 1950, el fracaso del modelo autárquico era evidente, lo que obligará a las autoridades a dar un giro a la política económica. En 1952, se aplicó una liberalización parcial de precios, del comercio, y de la circulación de mercancías, y se puso fin al racionamiento de alimentos. Estas medidas trajeron una cierta expansión económica.
La guerra fría y el consiguiente cambio en la política internacional norteamericana propiciaron que desde 1951 comenzara a llegar ayuda económica norteamericana. Aunque inferior a la recibida por los países beneficiarios del Plan Marshall, esta ayuda permitió importaciones de bienes de equipo imprescindibles para el desarrollo industrial.
El incipiente desarrollo trajo, sin embargo, una fuerte inflación que propició un fuerte malestar social. La necesidad de reformas estructurales en la economía era evidente. Finalmente, Franco, tras veinte años de políticas económicas nocivas, permitió la entrada en el gobierno en 1957 de un grupo de tecnócratas del Opus Dei. Estos nuevos ministros diseñaron el giro definitivo en la política económica: el Plan de Estabilización de 1959.
c. El crecimiento: del Plan de Estabilización a los Planes de Desarrollo
El Plan de Estabilización de 1959 fue diseñado siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Sus objetivos eran liberalizar la economía mediante la supresión de trabas burocráticas (disminución del intervencionismo estatal), la reducción de salarios y del dinero en circulación (subida de tipos de interés), devaluación de la peseta, el recorte del gasto público y la apertura de la economía española a las inversiones y al comercio internacional. Las consecuencias se apreciaron en poco tiempo. A partir de 1961, tras reducirse el déficit del estado y recibir abundantes inversiones del exterior (llegada de las multinacionales), España inició un acelerado crecimiento económico, basado, sobre todo, en el aumento del sector industrial y de servicios, lo que permitió un proceso de modernización que afectó profundamente a la sociedad española.
A partir de 1963 el gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados Planes de Desarrollo, que intentaban orientar las inversiones privadas. Se trataba de conseguir, en períodos de tres años, una serie de objetivos de crecimiento en sectores clave, mediante incentivos fiscales, ayudas a la exportación y subvenciones estatales. Se crearon los llamados polos de desarrollo, en los que se intentaba promocionar la instalación de nuevas industrias para generar empleo en zonas deprimidas. Pero, en realidad, los Planes de Desarrollo no funcionaron, ya que, ni se cumplieron los objetivos inversores, ni mucho menos los de contenido social.
Fueron años de fuerte crecimiento, gracias al desarrollo de la industria, sobre todo del automóvil, y de los servicios, especialmente el turismo. Pero se trató de un desarrollo desigual y desequilibrado. Se favoreció el desarrollo de ciertas regiones como País Vasco, Cataluña, Baleares o Madrid; frente al escaso desarrollo de ambas Castillas, Galicia o Andalucía. Serán estas regiones las que alimenten la ingente bolsa de la emigración a Europa, en busca de trabajo. Las desigualdades sociales se acentuaron, con una clase obrera mantenida con salarios bajos, frente a una burguesía favorecida por un sistema fiscal injusto.
En conjunto, el crecimiento económico español entre 1961 y 1973 fue elevado y constante, con sólo una leve detención en 1967, que obligó a una devaluación de la moneda. Significó una profunda transformación del tejido productivo y la apertura definitiva de la economía española al capitalismo mundial.
En octubre de 1973 se desencadenaba la 3ª guerra árabe-israelí (o del Yom Kippur) y las consecuencias del alza brusca de los precios del petróleo que sacudió toda la economía mundial comenzaron a afectar a España deteniendo su expansión económica (caída del P.I.B., inflación creciente, déficit de la balanza por cuenta corriente, aumento del paro, etc.) Pero la crisis del petróleo también reflejaba las contradicciones del crecimiento de la década anterior y sus fragilidades. Faltó una respuesta de la política económica a todo ello, en parte por razones económicas, pero también por la debilidad política de un régimen en declive, que practicó una política de permisividad ahondando los efectos de la crisis.
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