A lo largo de 1935, los sucesivos gobiernos radical-cedistas acentuaron su política moderada, lo que tranquilizaba a Washington y Londres. Con el fantasma de una inminente revolución marxista, la extrema derecha hostigaba a la CEDA, acusándola de tibia, y José Calvo Sotelo, que se había exiliado al proclamarse la República, regresó para hacerse cargo del monárquico Bloque Nacional, con un programa totalitario. En contrapartida, Largo Caballero empujaba a la UGT hacia posiciones cada vez más radicales, muy próximas a las de los comunistas, que desde la revolución de octubre iban ganando adeptos y prestigio.
Dejando de lado momentáneamente sus diferencias, la antigua conjunción republicano-socialista se preparó para la consulta con la firma de una alianza electoral, o Frente Popular, en la que estarían representadas las izquierdas y gran parte de las fuerzas progresistas.
Su programa hacía hincapié en el restablecimiento de la política de reformas del primer bienio y en la concesión de una amnistía para los encarcelados de la revolución de octubre, según aparecía en El Socialista (16 de enero de 1936) e incluía los siguientes puntos fundamentales:
Su programa hacía hincapié en el restablecimiento de la política de reformas del primer bienio y en la concesión de una amnistía para los encarcelados de la revolución de octubre, según aparecía en El Socialista (16 de enero de 1936) e incluía los siguientes puntos fundamentales:
- Amnistía total para los insurrectos de 1934 y para todos los acusados de atentados político-sociales desde 1933, y procesamiento de todos los culpables de "actos de violencia" al reprimir los atentados políticos
- Reposición en sus puestos de todos los trabajadores y empleados públicos despedidos por causas políticas y compensación plena de todas las pérdidas sufridas por ellos.
- Reforma del Tribunal de Garantías Constitucionales para excluir la influencia conservadora; reforma del sistema judicial con el objeto de establecer su independencia, promulgar la justicia social y acelerar su rapidez y eficacia.
- Restauración de la autoridad de todos los apartados de la Constitución republicana; reforma de las Cortes (...), aprobación de la legislación orgánica que garantice el funcionamiento de los gobiernos provincial y municipal; reforma de la ley de orden público con el objeto de obtener mayores garantías para los derechos individuales.
- Continuación de la reforma agraria; arrendamientos menores y mayor seguridad para los pequeños propietarios; reducción de los impuestos, ayuda técnica acrecentada para los pequeños propietarios.
- Protección de los pequeños productores y los pequeños empresarios; reforma de los impuestos y las tarifas industriales; estímulo a la producción; ampliación de las obras públicas.
- Sujeción del funcionamiento del Banco de España al interés público; reglamentación y mejora del funcionamiento de los bancos y las instituciones de ahorro.
- Restauración de toda la legislación social de 1931-1933; aumento de salarios; amplio programa de viviendas sociales; extensión de la educación a todos los niveles.
El Frente Popular gana las elecciones
Beneficiada ahora la izquierda por una ley electoral que estimulaba la formación de coaliciones, los candidatos del Frente Popular arrebataron al centro-derecha sus escaños y consiguieron con holgura la mayoría absoluta necesaria para gobernar. No significaba, en absoluto, que la derecha estuviera acabada, pues recibió más apoyos que en 1933; pero se había desmoronado el sueño del presidente de la República, Alcalá Zamora, de constituir un centro fuerte.
A pesar de la buena voluntad de Azaña, llamado a formar gobierno, la vida política no conseguía recuperar su pulso, asfixiada por el radicalismo proletario y la degradación del orden público. Ardieron de nuevo conventos e iglesias, mientras se agravaba la ola de pistolerismo callejero, y los miembros de las organizaciones legales de derechas las abandonan en masa para militar en movimientos más extremistas. La Falange, que venía recibiendo ayuda económica de los fascistas italianos, multiplicaba sus actuaciones violentas y atentados. Los continuos rumores de golpe de Estado provocaban un intenso antimilitarismo en la prensa de izquierdas que contribuía al clima de violencia.
La situación se complicó aún más cuando el Congreso decidió deponer a Alcalá Zamora de su cargo de presidente de la República, nombrando presidente a Azaña, lo que le aleja de las tareas de gobierno.
La conspiración contra el gobierno del Frente Popular. Hacia la guerra civil
El gobierno de la República destinó al general Mola a Pamplona en su deseo de alejar de Madrid a los militares sospechosos. Allí, tranquilo, se ganó al requeté, el brazo armado del carlismo, y se erigió en director de la conspiración que desde el triunfo del Frente Popular algunos dirigentes monárquicos habían puesto en marcha. También los generales Franco y Goded, en sus destinos de Canarias y Baleares, respectivamente, habían maquinado a gusto, hasta encontrar la ocasión. El 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se sublevó y declaró el estado de guerra en Marruecos, disparándose el mecanismo que llevaría a España a su más cruel guerra civil. Desde Canarias, Francisco Franco voló a Tetuán para ponerse al mando del combativo ejército "africano", mientras el levantamiento se ponía en marcha en la Península ante el desconcierto del gobierno de Casares Quiroga, que perdió unas horas decisivas sin tomar medida alguna. En pocos días, ante el fracaso del levantamiento en las principales ciudades de España, el enfrentamiento entre las fuerzas sublevadas y las leales al Gobierno se convirtió en una guerra civil, en la que el general Franco adquirió pronto un protagonismo decisivo.
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