Después de 1898, el gobierno llevó a cabo
algunas reformas para intentar regenerar el sistema, pero nunca con la idea de transformar radicalmente la estructura política. A esas políticas de reforma
se les conoce como revisionismo político, y fue intentado tanto por los
conservadores como por los liberales.
Los gobiernos conservadores tuvieron una gran iniciativa reformista, que empezó durante los últimos
gobiernos de la regencia, dirigidos por Francisco Silvela junto con el general Polavieja. Así, pusieron en marcha una legislación social, realizaron proyectos para la descentralización del Estado y reformaron la política presupuestaria para paliar los efectos de las pérdidas coloniales.
Pero la mayor parte de las reformas se dio durante el gobierno largo del
conservador Antonio Maura (1907-1909), que pretendía hacer «la revolución desde arriba», es decir, reformar el sistema para poder mantenerlo. Para conseguirlo, intentó
ampliar la autonomía de la Administración local y aprobó la Ley de Reforma Electoral (1907), pero estas medidas no eliminaron el caciquismo, sino que reforzaron aún más el fraude electoral. También abordó la reforma de la Marina; llevó a cabo políticas económicas intervencionistas para fomentar la producción industrial y el comercio exterior; potenció la legislación social y reguló el descanso dominical, con la intención de mitigar el radicalismo obrero. La dura represión que ejerció en los conflictos sociales de 1909 (la Semana Trágica, en Barcelona) provocó la destitución de su
gobierno.
Los liberales, que gobernaron entre 1905 y 1907, fueron los que realizaron unas propuestas más radicales
y avanzadas. Sus medidas se centraron en dos aspectos fundamentales: el intervencionismo del Estado en material social
y laboral, y el intento de secularización de la vida pública, con una separación
efectiva de la iglesia y el Estado.
El papel reformador en el ámbito sociolaboral fue importante, ya que afectó
a la jornada laboral (9 horas), a la mejora de las condiciones de trabajo de mujeres
y niños y a la prestación de una cierta cobertura de previsión sanitaria, antecedente
de la futura seguridad social. Su medida más popular fue la supresión del
impuesto de los consumos.
Canalejas propuso reformas al ámbito religioso, como
la Ley del Candado, con la intención de limitar el papel de la Iglesia en la sociedad y en la mentalidad de la época. Esto provocó inestabilidad dentro del propio partido, puesto que sus bases sociales eran mayoritariamente
conservadoras y católicas.
También tuvieron que controlar el
descontento del ejército, que, preocupado además por el auge electoral regionalista y por el proyecto de Ley de
Mancomunidades elaborado por el gobierno, originó la primera crisis del reinado al asaltar la redacción de algunas publicaciones en Barcelona. Ello obligó al gobierno, temeroso
del ejército, a aprobar la Ley de Jurisdicciones (1906). Con esta ley quedaba de manifiesto la creciente
intromisión militar en la vida política, puesto que
se sometían a la justicia militar los delitos contra la patria y el ejército, lo que constituía un atentado a la libertad de expresión y a la Constitución.
A pesar de algunos sinceros intentos de reforma
del sistema, y de otros no tan sinceros, las cosas cambiaron muy poco en el
funcionamiento de la vida política española de principios del siglo XIX, lo que
redundará en una radicalización política y social, que llevará a la crisis del
sistema y de la propia monarquía.
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