Comparado con la Europa occidental, la evolución del sector industrial
español a lo largo del siglo XIX padeció de un relativo atraso, debido a varios
son los factores, fundamentalmente estructurales.
En primer lugar, en Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial, se llevó
a cabo un cambio revolucionario en el sistema político, lo que permitió el
desarrollo de un sistema parlamentario burgués y liberal, que facilitó la
aprobación de todas las reformas necesarias para lograr el cambio en las
estructuras productivas, bajo la idea del liberalismo económico: revolución
agraria, financiera, técnica, demográfica etc. Este proceso también sería
aplicable a otros países europeos como Francia o Bélgica.
En el caso español, los cambios políticos fueron lentos y tardíos, puesto que
no fue hasta la década de los 30 cuando se puso en marcha el Estado liberal.
Las reformas económicas derivadas del liberalismo también estuvieron limitadas,
con el relativo fracaso de los objetivos de las desamortizaciones, ya que, en
lugar de favorecer el desarrollo de una burguesía activa, favoreció la ampliación
de la oligarquía terrateniente y absentista, poco preocupada por invertir en
sectores industriales, salvo en Cataluña y Vizcaya. La falta de capitales
nacionales para invertir en la industria, llevó a algunos sectores, como la minería
o el ferrocarril, a caer en manos del capital exterior.
Otro problema importante fue la falta de comunicaciones modernas, que
permitiesen el desarrollo de un mercado nacional coherente y articulado, algo
imprescindible para el desarrollo industrial, porque si no hay demanda no hay
producción. A pesar de la aprobación de la Ley General de Ferrocarriles, este
sector, fundamental en la industrialización de otros países europeos, se
desarrolló lentamente, en una red radial y centralizada, que impedía la
necesaria articulación territorial, dificultando el transporte de materias
primas, productos elaborados, mano de obra etc.
A finales del siglo XIX, la actividad agraria seguía siendo el sector
predominante en la economía española, con la excepción de Cataluña, Vizcaya y
Asturias. Una agricultura anclada en formas de propiedad y explotación poco
desarrolladas, lo que frenaba la obtención de beneficios y, por tanto, de
excedentes de capital absolutamente necesarios para la industria.
Esta situación irá cambiando poco a poco entrado el
siglo XX, pero la realidad de la primera mitad de este siglo será la de una
economía estancada en viejas estructuras productivas, que convertían cada
periodo de recesión en una auténtica crisis de subsistencia.
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