El Estatuto Real de 1834 es, en realidad, una Carta Otorgada concedida a los súbditos por la Corona; no se puede considerar constitución porque no es elaborada ni aprobada por la voluntad general representada en unas Cortes. El Estatuto, supuso un compromiso entre los sectores más reformistas del absolutismo y los más moderados del liberalismo, intentando unir en torno al bando isabelino (durante la I Guerra Carlista) a los sectores más pudientes y dinámicos económicamente del país.