miércoles, 17 de octubre de 2018

Bloque 3.6. Explica los principales proyectos de reforma del Conde Duque de Olivares


Al comenzar el siglo XVII, la estructura de la Monarquía hispánica de tiempos de Carlos I y Felipe II estaba comenzando a aparecer inadecuada dentro de la Europa absolutista que se había impuesto, siguiendo el modelo de Francia. Por otro lado, la política imperial había supuesto la debilidad económica de Castilla, que había corrido con la mayor parte de los gastos bélicos, llevando a la nobleza castellana a la reivindicación de una castellanización de todos los reinos peninsulares, y a la exigencia de aportación de dinero a los demás reinos, que escasamente habían contribuido a los pesados gastos de la corona.



El rey Felipe IV confió el poder a un nuevo valido, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la Mayor (1621-1643), por lo que es conocido como Conde-Duque de Olivares. Este, abordó una ambiciosa política de reformas económicas, administrativas y políticas que pretendió imponer de forma autoritaria, provocando reacciones de rechazo y protesta en algunos territorios de la corona.
Su objetivo era, por un lado, aumentar el poder del rey, buscando la consecución de una monarquía absoluta, para lo cual consideraba absolutamente necesario un proceso de centralización política y administrativa de los territorios de la corona. Por otro lado, consideraba necesario incrementar los ingresos de la corona para financiar la costosa política exterior, pues durante su mandato se reactivaron las hostilidades en Europa.
Olivares expresó lo esencial de su política reformista en el llamado Gran Memorial, enviado al rey en 1624. En él reflexionaba sobre las instituciones y los instrumentos de gobierno de la monarquía y proponía la necesidad de una mayor uniformidad en la legislación y la contribución a las cargas de la monarquía por parte de todos los reinos, siguiendo el modelo fiscal y legal castellano. La idea principal era reforzar la autoridad real y alcanzar la unidad entre los distintos reinos.
Las reformas administrativas y económicas: La “Junta Grande de Reformación
Olivares trató de poner en marcha, a través de la Junta Grande de Reformación, un ambicioso plan de reformas administrativas y económicas, entre las que destaca­ron las siguientes propuestas:
·La reducción de oficios y empleos cortesanos, así como de los excesivos gas­tos suntuarios.
·La protección de las actividades artesanales y del comercio. Para ello se pro­pusieron, entre otras medidas, la realización de obras de canalización para hacer navegables los principales ríos y la supresión de las aduanas y puertos secos. Medidas todas ellas, de tinte mercantilista.
·La abolición de los millones y la creación de una serie de instituciones (erarios y montes de piedad) que contribuyeran a reducir la deuda pública y financiar las activi­dades económicas. Estos erarios debían mantenerse con aportaciones propor­cionales a la propiedad, lo que supuso la oposición de los grandes propietarios.
·Medidas para aumentar la población, como las exenciones fiscales a los ma­trimonios jóvenes y con gran número de hijos y la fundación de colonias de artesanos extranjeros católicos, buscando al mismo tiempo revitalizar la indus­tria.
·Implanta­ción del nuevo impuesto sobre la sal. Se intentó aplicar en Castilla para todos los súbditos, pero suscitó la oposición del clero y de la nobleza. Se opusieron también a este impuesto territorios con exenciones fiscales tradicionales, como el señorío de Vizcaya, donde este era un producto indispensable, pues muchos de sus habitantes se dedicaban a la salazón de pescado. Finalmente, la contribución tuvo que abolirse a cambio de un subsidio en metálico pagado por las ciudades.
Las resistencias a las reformas fueron múltiples en toda la monarquía. Las me­didas propuestas lesionaban los intereses particulares de propietarios, oligarquías locales y comerciantes. Se produjeron diversos motines contra la nueva fiscalidad y las Cortes se negaron a aprobar, entre otras, la propuesta de creación de los erarios y la introducción de un sistema tributario nuevo y unitario.
La “Unión de armas”
Buscaba una contribución proporcional de todos los territorios de la corona para la defensa de los intereses hegemónicos en Europa, algo que, hasta ahora, sólo había realizado Castilla. Se trataba de crear un ejército de 140.000 hombres, reclutado y mantenido por cada reino en función de sus recursos demográficos y económicos.
Este proyecto chocó de inmediato con la realidad de la crisis económica y social, y la resistencia de los distintos territorios con fueros y privilegios que existían en la península. Además, había dos circunstancias que dificultaban su realización: por un lado, las necesidades financieras de la corona eran acuciantes; por otro, las tropas estaban ocupadas en las guerras de Europa y no constituían una amenaza para los territorios que se oponían a la medida.
Ante esta situación, los reinos de la Corona de Aragón solicitaron que fueran sus Cortes las que deliberaran sobre la contribución a la Unión de Armas. Tras muchas discusiones y presiones por parte de los reinos de Aragón y Valencia, el rey aceptó una rebaja en la aportación y que esta fuera en metálico y no en soldados. Cataluña se negó a realizar contribución alguna y quedó al margen de la Unión de Armas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario