Tema 13. El sistema de la Restauración

TEMA 13. EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN (1875-1902)

      En la Historia de España se entiende por Restauración el periodo iniciado en 1875 con el retorno de los Borbones, en la persona del hijo de Isabel II,  Alfonso XII y caracterizado por unas circunstancias socioeconómicas y un sistema político bien determinados, cuya quiebra definitiva en la segunda década del siglo XX dará paso en 1923 a la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Se trata de un régimen liberal-conservador, no democrático, que pretendía alejarse del exclusivismo de la etapa isabelina y de la democratización del Sexenio:

Por una parte, se creará un sistema político compartido y abierto a todos los sectores dirigentes burgueses, de tal forma que ningún grupo se viera obligado a recurrir al pronunciamiento militar o a la movilización popular para acceder al poder, como había sucedido con los progresistas desde 1845. Por otra parte, se excluirá a las clases bajas de la vida política, cerrando el sistema a los grupos y movimientos populares, cuya presencia a partir de 1868 había resquebrajado el orden social burgués.

La Restauración fue un giro conservador, que se explica por el temor de las clases propietarias a repetir los peligros de la experiencia democrática del Sexenio y perder su posición dominante. Así, el ejercicio exclusivo del poder político corresponderá a una elite de los grandes partidos, ahora llamados conservador y  liberal, herederos de los viejos grupos moderados y progresistas, pero con una alternancia pacífica que no existió en la época isabelina; lo que proporcionará estabilidad política al sistema, que no se verá afectado en sus fundamentos hasta avanzado el siglo XX.

Hasta el inicio del reinado de Alfonso XIII (1902), transcurre una larga época presidida por la Constitución de 1876 y su funcionamiento adulterado por la manipulación electoral y el caciquismo, una etapa que se verá golpeada en su monótono discurrir, primero por la temprana muerte de Alfonso XII (1885), y después, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo, por la crisis de fin de siglo y el desastre de 1898.

Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes, en enero de 1874, se estableció un régimen bajo la presidencia del general Serrano, que concentró sus esfuerzos en establecer el orden y el control del país desde el poder central acabando con los últimos focos cantonalistas y haciendo frente a los carlistas en el Norte.

Con menguados apoyos sociales y sin un proyecto político claro, la posición de Serrano era frágil frente a la opción que hábilmente preconizaba Antonio Cánovas del Castillo en favor de una restauración monárquica en la figura de Alonso XII (en quien había abdicado Isabel II en 1870) y que había calado en los sectores más influyentes de la clase dirigente, del Ejército, y de las clases medias.

I. EL SISTEMA CANOVISTA. LA CONSTITUCIÓN DE 1876 Y EL TURNO DE PARTIDOS

A. El proyecto canovista de restauración de la Monarquía

     Cánovas del Castillo es el hombre clave de la Restauración, pues no solo es quien diseña la estrategia para devolver a los Barbones la Corona, sino quien, una vez conseguido lo anterior, organiza el nuevo sistema político. Además de buscar el apoyo diplomático internacional para el reconocimiento de Alfonso XII como rey, Cánovas pretendía que en el interior del país existiera una conjunción de intereses y una unidad en la opinión pública y en los sectores dirigentes para el restablecimiento de la monarquía. Para eso, la monarquía debería basarse en la conciliación, en que no hubiera vencedores ni vencidos, y en que la institución se asentara sobre principios tan liberales como lo permitiesen las circunstancias.

     En este sentido, el 1 de diciembre de 1874 Alfonso XII firmaba el “Manifiesto de Sandhurst”, (en cuya academia militar cursaba estudios por consejo de Cánovas) exponiendo los principios de la futura monarquía: sería dialogante, constitucional y democrática, y con voluntad de integrar buena parte de los progresos políticos recogidos en el Sexenio. Cánovas buscaba así la vuelta a la Monarquía de forma pacífica, pero los generales monárquicos Martínez Campos y Jovellar se adelantaron y se pronunciaron el 29 de diciembre en Sagunto a favor de la Monarquía.

     Restaurada la monarquía en la persona de Alfonso XII, se puso en marcha el proyecto canovista, siguiendo el ideario político basado en el liberalismo doctrinario, sustentador del principio de la soberanía compartida de la Nación (a través de las Cortes) y el Rey, y que debía cumplir tres objetivos:

a. Asentar firmemente la Monarquía como forma del Estado, fuera de toda discusión y por encima de las leyes, pues era consustancial a la historia de España y constituía el pilar básico en que se cimentaba el país. Debía recuperar, por tanto, el prestigio perdido durante el reinado de Isabel 11 y desempeñar un papel protagonista en la vida política, compartiendo la soberanía con las Cortes.

b. Crear un marco constitucional que fuera igualmente válido para los antiguos moderados, unionistas, progresistas y demócratas con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la alternancia en el gobierno, acabando con el pronunciamiento como vía para tomar el poder.

c. Resolver el problema de la permanente intervención militar en el sistema político, propiciando la vuelta de los militares a los cuarteles, algo que consiguió durante el reinado de Alfonso XII.

B. La Constitución de 1876.

La Constitución de 1876 será la de más larga vida del constitucionalismo español, en parte por su sobriedad, que permitía una gran elasticidad al interpretar sus principios, y en parte por su planteamiento ecléctico, pues pretendía ser una síntesis de las constituciones de 1845 y 1869 para permitir gobernar a todas las tendencias que aceptaran el sistema liberal y la Monarquía. Los principales aspectos del texto constitucional son:

Ø     La soberanía, como en las constituciones anteriores al 69, es compartida y la potestad de hacer las leyes reside en "las Cortes con el Rey". Se abandona la idea de que sólo la nación es el origen de todo poder político, quedando la Corona por encima de la Constitución; pues era el fundamento mismo del Estado. Así, los poderes del Rey se acrecientan (incluso dispone, por primera vez, del mando supremo de los ejércitos, lo que creará una relación especial y directa entre monarca y fuerzas armadas) y se convierte en el verdadero arbitro de todo el sistema.

Ø     La declaración de derechos y deberes es prolija, y recoge casi todas las conquistas de 1869, pero como en 1845, su concreción se remite a las leyes ordinarias, y éstas, en su mayor parte, tendieron a restringirlos, especialmente los de imprenta, expresión asociación y reunión.

Ø      La cuestión religiosa se resolvió con un reconocimiento de la confesionalidad católica del país y la garantía del sostenimiento del culto y clero. A cambio, una ambigua libertad de creencias permitía otros cultos mientras respetaran la moral católica, prohibiéndose sus manifestaciones públicas.

Ø      El poder legislativo corresponde a las Cortes y al Rey, ambos con iniciativa legal; la Corona tiene la potestad de sancionar las leyes, de vetar por una legislatura una ley y de disolver las Cámaras, en cuyo caso debe convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de tres meses. Las Cortes son bicamerales, con una Cámara alta compuesta de tres tipos de senadores: por derecho propio (Grandes de España, y  altos cargos); por designación real vitalicia y elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes, y que serán la mitad de la cámara. Los diputados del Congreso son elegidos cada 5 años por sufragio directo, dejando para la ley electoral el carácter censitario o universal del mismo (desde 1878 a 1890, el sufragio será censitario).

Ø     El poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los ministros, que responden ante las Cámaras. El Rey elige libremente al Jefe del Gobierno y no es responsable ante las Cortes.

Ø     El poder judicial es independiente y se reafirma la unidad de códigos, al restringirse los fueros vascos, especialmente tras la derrota carlista.

Ø     Los Ayuntamientos y Diputaciones quedan bajo control gubernamental, pues se remite su funcionamiento a leyes orgánicas que se orientarán en sentido conservador y centralista.

     Aunque se intentaba establecer un sistema flexible que acogiera a los distintos grupos políticos y diera así durabilidad al nuevo régimen, éste tuvo, de hecho, un marcado cariz conservador, tanto en el terreno político como, sobre todo, en materia social y económica. Así, a medida que las leyes complementarías desarrollaron el texto constitucional, la práctica política devino más conservadora que la propia Constitución.

C. El funcionamiento del sistema: Los partidos dinásticos y el turnismo

c.1.Los partidos dinásticos

La España de la Restauración tiene una estructura de partidos que enlaza con la del periodo isabelino, si bien ha experimentado cierta reorganización durante el Sexenio. Los antiguos moderados y progresistas pasan a ser conservadores y liberales, caracterizados ambos por ser partidos de notables, provenientes de capitales de provincia generalmente, y que no representan de hecho a la sociedad real ni a sectores concretos, que se desarrollan con la industrialización, como son las burguesías periféricas o el proletariado. Así, tenemos dos partidos dinásticos:

Ø     El Partido Liberal-Conservador: nace como tal a partir de la asamblea que preparó el texto constitucional, integrando a antiguos moderados, unionistas y algunos progresistas disidentes, y se consolida en el ejercicio del gobierno durante los años siguientes. Desde 1884 se denominará simplemente Conservador. Su programa, basado en la defensa del orden social, la Monarquía y la propiedad, era reflejo del pensamiento de Cánovas. Sus apoyos principales se encuentran entre los grupos dirigentes del sur de España, las clases medias de la fachada atlántica o de Levante y, desde los años 80, se incorporan también un buen número de católicos que siguen las indicaciones papales sobre participación en la vida política de los católicos.

Ø     El Partido Liberal-fusionista: El sistema para consolidarse necesitaba incorporar a sectores políticos y personajes procedentes del Sexenio que pudieran constituir un partido alternativo. El grupo más proclive a ello era el del antiguo Partido Constitucional de Sagasta, formado durante el reinado de Amadeo I por progresistas e izquierdistas de la Unión Liberal. Este grupo, en la oposición durante la República, fue el principal apoyo del gobierno de Serrano en 1874 y tras la Restauración, se situó en una oposición moderada defensora de las libertades recogidas en la Constitución del 69. Poco a poco se impuso la tesis de integrase en el sistema como «oposición liberal dinástica», que culminó en 1880 con la unión de todas las corrientes en el Partido Liberal-Fusionista, futuro Partido Liberal, con un programa común en favor del progreso y la libertad basado en cinco puntos: defensa de los derechos individuales, sufragio universal, responsabilidad judicial de las autoridades, introducción del jurado e iniciativa constitucional por unas Cortes expresamente convocadas a tal fin.

c.2. La práctica política: turnismo y caciquismo

Cuando en 1881, los liberal-fusionistas formaron gobierno por vez primera, comenzó una alternancia que caracterizó al sistema hasta su definitiva crisis en 1923. El turnismo como se llamó al ejercicio (acordado al margen de la voluntad popular) de conservadores y liberales en el gobierno, aunque puesto en práctica y establecido tácitamente desde antes, quedaría explicitado en el llamado “Pacto de .EI Pardo”, realizado por Cánovas y Sagasta a la muerte de Alfonso XII en 1885 para consolidar la Regencia.

Este acuerdo, cumplido por ambos líderes, y vigente hasta 1898, les comprometía a permitir la rotación pacífica y regular de los dos partidos en el gobierno, facilitando el relevo cuando el partido gobernante perdiera prestigio y apoyos en la opinión pública, y a respetar la legislación que cada uno realizara en el ejercicio del poder. El pacto, que consolidaba el bipartidismo al establecer entre ambos partidos una solidaridad frente a cualquier pretensión de asalto al Estado desde la izquierda o desde la ultraderecha, ayudará a superar la crisis de fin de siglo y a dar estabilidad a la larga regencia, si bien a costa de agudizar la corrupción política y desvirtuar la realidad política del país falseando la voluntad popular, cada vez más ajena al régimen. Se trataba, en definitiva, de una subversión del sistema constitucional.

Pero, para que en el régimen hubiera un turno pacífico de acceso al gobierno por parte de los dos partidos dinásticos era necesario el caciquismo como práctica electoral. La palabra cacique (literalmente, «señor de indios») alude aquí a la persona, generalmente terrateniente local o, en ocasiones, eclesiástica, que al proporcionar trabajo o favorecer económica y socialmente a sus clientes por sus relaciones con la administración, controlaba los principales resortes de poder y el voto de un núcleo de población o comarca.

A través del cacique se hacía el reparto de cargos públicos en el ámbito local y la manipulación electoral con la que uno de los dos principales partidos se aseguraba una cómoda mayoría en las Cortes, al tiempo que concedía un número razonable de escaños al otro para mantenerlo en el sistema como oposición dinástica, mientras que a los demás partidos se les impedía toda representación parlamentaria significativa. Este sistema se veía favorecido por el desinterés del público hacia las consultas electorales, el atraso económico, las relaciones de dependencia de los campesinos hacia los patronos en las zonas rurales y el analfabetismo, y, aunque presentó múltiples variantes, funcionaba con un esquema simple:

El sistema se ponía en marcha cuando el jefe del gobierno en ejercicio presentaba su dimisión al rey porque acusaba el desgaste de su gestión o, sencillamente, porque los líderes de los dos partidos dinásticos consideraban necesario el relevo, sugiriendo a la Corona el nombramiento de un nuevo gabinete, cuyo jefe sería invariablemente el líder del otro partido dinástico, entonces en la oposición.

El nuevo presidente del consejo de ministros, para formar la mayoría parlamentaría de la que carecía, obtenía del monarca (casi a la vez que su nombramiento) el decreto de disolución de las Cortes y componía con su ministro de la Gobernación una lista de seguidores a los que se debía conceder escaño en las elecciones, tarea difícil, tanto por el número de aspirantes propios como por las exigencias de representación parlamentaría del dirigente político del partido saliente. Era a continuación, en las negociaciones llevadas por el gobierno y el gobernador civil en el ámbito local, cuando hacía su aparición el cacique, pues era quien podía entregar los votos de la clientela que se había ido creando a un candidato u otro. De hecho, las negociaciones previas a las elecciones y sus resultados solían publicarse en la prensa, con anterioridad incluso a que se produjeran las votaciones.

Con esta práctica electoral hacían su aparición el «encasillado» y el «pucherazo». El primero era el listado de candidatos designados por el gobierno para salir elegidos por adecuarse a sus intereses, siendo en ocasiones, “diputados cuneros”, es decir, ajenos y desconocidos en la circunscripciones electorales por las que se presentaban, y que resultaban elegidos gracias a la acción de los caciques.  El «pucherazo» suponía ya la utilización de todos los medios para imponer al candidato: coacciones previas, fraude en la confección del censo y las listas, manipulación de los votos, destrucción de actas electorales, cambio del horario de apertura y cierre de las mesas electorales sin previo aviso, etc.

Así, todo el sistema acabó descansando en el voto de las zonas rurales, sobre todo de las más atrasadas (Galicia, Andalucía oriental), donde, increíblemente, llegaba a participar el 80% del electorado, mientras que en las ciudades no lo hacía más que el 20%. Pero los votos urbanos, difíciles de controlar, eran los llamados «votos verdad», a menudo los que representaban la oposición y constituían una amenaza para el corrupto sistema electoral.

II. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SISTEMA HASTA FINALES DE SIGLO.

Pueden distinguirse dos etapas principales: el reinado de Alfonso XII, desde el pronunciamiento de 1874 hasta su muerte en 1885, período de rodaje del sistema, y la regencia de María Cristina de Habsburgo durante la minoría de edad de Alfonso XIII (1885-1902), cuando el régimen afronta la pérdida de los restos del imperio colonial.

a. El reinado de Alfonso XII (1875-1885).

Alfonso XII, presentado a los ojos de la nación como pacificador, comienza su reinado con Cánovas al frente del gobierno, que afronta, hasta la llegada de los liberales al poder en 1881, tareas de pacificación militar, con la finalización de Las guerras carlista (con su rendición en marzo de 1876 y la firma del Manifiesto de Somorrostro), y cubana (Convenio de Zanjón en febrero de 1878). Su labor política culminará con la elaboración de la Constitución de 1876 y sus leyes complementarias posteriores.

El dominio en exclusiva del Partido Conservador durante la segunda mitad de los setenta dará un cariz moderado a las leyes orgánicas que desarrollaban el texto constitucional y que reforzaban el control del Estado sobre el ejercicio efectivo de los derechos enunciados en la Constitución.

                  La Ley de Imprenta de 1876, que exigía un depósito previo y autorización gubernamental para nuevas publicaciones, tipificando como delito a juzgar por un Tribunal de Imprenta, cualquier ataque o crítica a la Monarquía o al sistema político y social, por leve que fuera. Mientras, el control de la enseñanza, provocaría la expulsión o el abandono de sus puestos de profesores de Universidad y de Secundaria, (dimisión de Castelar).

                  El gobierno conservador reguló la elección de Municipios y Diputaciones por ley de diciembre de 1876, y estableció el nombramiento regio para alcaldes de ciudades de más de 30.000 habitantes, al tiempo que daba a los gobernadores civiles la potestad de aprobar los presupuestos municipales. La ley electoral de 1878 estableció un sufragio censitario muy restrictivo (el censo electoral lo componían unos 850.000 españoles, apenas un 5% de la población), predominando zonas agrarias de propiedad minifundista y de tendencias conservadoras.

                  También quedaron sometidas a la interpretación del gobierno las libertades de reunión y asociación.

En febrero de 1881, los fusionistas iniciaron su primera etapa de gobierno, en la que la orientación liberal fue bastante tímida. Así, el gabinete de Sagasta tomó medidas para terminar con las restricciones de las libertades: La Ley de imprenta de 1883 redujo los tipos delictivos de la ley de imprenta de 1879 (siempre con el límite de no cuestionar la Monarquía) y devolvió sus cátedras a los profesores represaliados.

b. la regencia de María Cristina de Habsburgo (1885-1902)

     De nuevo gobierno en noviembre de 1885 y comenzó tras las elecciones el llamado Parlamento Largo (fue el único de la Restauración que duró casi hasta el límite fijado en la Constitución), durante el que realizó una amplia labor legislativa, continuación lógica de la hecha en 1881 y que, ahora sí, supuso una reforma del sistema político.

    Así, la libertad de asociación fue regulada mediante la Ley de 1887, y permitió el desarrollo del movimiento obrero, así como la actuación legal de las confesiones religiosas no católicas.

    En 1889 el Código Civil, que consagraba legalmente un orden social basado en la primacía absoluta de la propiedad como derecho individual, mantenía la legislación foral donde existía y permitía la coexistencia del matrimonio canónico y el civil. Se restableció igualmente, mediante la Ley de abril de 1888, la vista oral pública y el juicio por jurado, al que se atribuyeron los delitos en materias fundamentales, como los de imprenta, y que eran viejas conquistas del Sexenio suprimidas después por Cánovas.

    Restablecimiento definitivo del sufragio universal masculino por la Ley electoral de 1890, que ampliaba el derecho al voto a los varones mayores de 25 años.

III. LA OPOSICIÓN AL SISTEMA. REGIONALISMO Y NACIONALISMO

A. Partidos antidinásticos

·El carlismo, derrotado militarmente, perdió fuerza política por sus divisiones internas. Pese a su arraigo en el Norte, Cataluña y Valencia, su marginación política continuó, en parte porque algunos de sus postulados fueron recogidos por otras fuerzas: caso de los nacionalismos con las aspiraciones foralistas y regionalistas, o de la Unión Católica con el catolicismo militante.

·Los republicanos constituían partidos de notables dirigidos por intelectuales y profesionales de reconocido prestigio y cuyo radicalismo reformista y anticlericalismo fue visto por los partidos dinásticos como una amenaza para el sistema. Sin embargo, sus posibilidades electorales, pese a mejorar con el sufragio universal (victoria en 1892 en Madrid, Valencia y Barcelona), se reducían a un puñado de escaños que aseguraban la supervivencia de sus líderes.

B. Regionalismo y nacionalismo

     Regionalismo y nacionalismo surgieron como nueva oposición al sistema de la Restauración. El regionalismo pretendía un cierto nivel de autogobierno en una región determinada, estableciendo como límite lo que afectase a la soberanía de España como Estado. El nacionalismo intentaba desbordar ese límite, aunque no significaba necesariamente la reivindicación de la independencia.

     Hasta la restauración las reivindicaciones foralistas o regionalistas se habían canalizado a través del republicanismo federal, si era progresista, y del carlismo, cuando era conservador. Una vez que ambas corrientes quedaron debilitadas, surgieron movimientos reivindicativos de los llamados “derechos históricos” de catalanes y vascos, y en menor medida, de gallegos y valencianos.

Entre los factores que propiciaron el nacionalismo se pueden citar:

·       Los movimientos culturales que rescataban la riqueza de las lenguas vernáculas y de las costumbres autóctonas – fomentadas por el romanticismo -, reivindicaban su memoria colectiva de un modo más o menos idealizado, y criticaban el centralismo del Estado liberal.

·       Las diferencias económicas, por las repercusiones de la industrialización entre algunas regiones afectaron a su relación con el resto del territorio. La burguesía de las regiones periféricas reivindicó el proteccionismo como vía para defender sus intereses, frente a la filosofía librecambista del Gobierno de Madrid. El desarrollo de los nacionalismos coincidió así mismo con el auge del nacionalismo en Europa.

Ø En Cataluña: La primera conciencia regionalista-nacionalista se expresó con el movimiento cultural de la Renaixença, en el que destacaron Jacinto Verdaguer y Ángel Guimerá. Tras la experiencia federalista de Pi y Margall, durante la república, los grupos nacionalistas se aglutinaron con la restauración, en torno al federalista Valentí Almirall (promotor del "Memorial de Greuges" presentado al Rey en 1885) o al Centre Cátala (fundado en 1882 por Almirall y Prat de la Riba). En 1891 surge la Unió Catalanista, cuyo programa, las «Bases de Manresa» (1892), fijaba, sin establecer el método para conseguirlas, una serie de reivindicaciones políticas y culturales para Cataluña: autogobierno, derecho civil catalán y uso de la lengua propia, así como la defensa de los intereses económicos de la burguesía catalana. No se planteaba la independencia. En 1901 se funda la Lliga Regionalista de Cataluña, por Prat de la Riba y Francesc Cambó.

Ø En el País Vasco: las aspiraciones foralistas y culturales cristalizaron algo más tardíamente en el nacionalismo de Sabino Arana, fundador en 1895 del Partido Nacionalista Vasco. Las bases ideológicas pasaban por la reivindicación de la tradición, el foralismo carlista y el integrismo católico, así como los valores de la sociedad tradicional vasca (“Dios y Leyes viejas”). Las ideas de Arana se radicalizaron, con una feroz crítica a la industrialización como responsable de la pérdida de las tradiciones vascas, un giro racista, defensor de la raza vasca frente a los maquetos, considerados culpables de la degeneración de la raza vasca por el mestizaje (antiespañolismo), así como la reivindicación de la independencia. Desaparecido Arana Poco a poco  fue arraigando como una opción nacionalista católica y conservadora entre las clases medias, temerosas de la clase obrera vasca.

     El movimiento regionalista fue más débil y tardío, desarrollándose a principios del siglo XX, sobre todo en Galicia, Valencia y Andalucía.

El regionalismo gallego tuvo un importante componente cultural, con “O Rexurdimiento” de Rosalía de Castro, como reacción al atraso y marginación de Galicia y reivindicando la lengua gallega. El regionalismo valenciano parte también de un renacimiento cultural Renaixensa, y se caracterizó por el rechazo del centralismo del Estado y del nacionalismo catalán. El regionalismo andaluz tuvo su punto de partida en el movimiento cantonal de 1873, destacando en su formación Blas Infante.

C. Organizaciones obreras

     El movimiento obrero inició su reorganización en tomo a dos corrientes: la anarquista y la marxista; esta última, que propugnaba la participación obrera en la acción política, fundará en 1879 el Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.), como un partido de masas con un programa que perseguía la conquista del poder político por la clase obrera para abolir la propiedad privada y la sociedad de clases, incluyendo una larga lista de reivindicaciones políticas y socio-laborales. En cualquier caso, no tendrá mayor incidencia política durante esta etapa.

IV. LA LIQUIDACIÓN DEL IMPERIO COLONIAL: LA CRISIS DEL 98

            El fin del Imperio colonial español en América y Asia fue el desencadenante de una crisis nacional, ante la desmoralización, el escándalo y la debilidad militar y política demostrada por el régimen de la Restauración. El conjunto de acontecimientos conocidos bajo el nombre de desastre del 98, supone cierta ruptura respecto al pasado y el inicio de una nueva etapa en la historia española contemporánea.

A. Factores y circunstancias de la cuestión cubana:

a.1. Las relaciones socioeconómicas. Desde mediados del siglo XIX Cuba vivía unos cambios económicos y sociales que contribuyeron a reducir su dependencia respecto a la metrópoli. Por un lado, con el desarrollo del mercado azucarero con Estados Unidos y la creciente competencia del azúcar de remolacha peninsular, aumentaron las exportaciones isleñas a Norteamérica; pero la política colonial española dificultaba estas relaciones (la ley arancelaria de 1891) en beneficio de los vínculos con la metrópoli, que así conseguía en parte equilibrar su balanza de pagos. De Cuba se recibían azúcar, cacao y tabaco y a la isla se vendían telas de algodón entre otros productos que suponían casi la mitad de las importaciones cubanas.  Por otro lado, la progresiva sofisticación de la producción azucarera y las trabas legales a la trata de esclavos, permitió disminuir la mano de obra negra en las plantaciones (y no sin resistencias, finalmente abolir la esclavitud en 1880), lo que unido a la fuerte inmigración blanca, eliminó para siempre el temor criollo a un levantamiento de esclavos y, con ello, la necesidad, de la metrópoli para sofocarlo.

a.2. Los aspectos políticos. Pese a los cambios anteriores operados en la isla, los sucesivos gobiernos españoles, absorbidos por los problemas internos y presionados por los grupos colonialistas, que se oponían a cualquier cambio que pudiera reducir sus ganancias en la explotación de la isla, siguieron una política colonial errónea y poco previsora. Eludieron continuamente las sucesivas promesas hechas desde 1837 hasta 1878 (convenio de Zanjón) de otorgar una relativa autonomía a la isla, reducir sus barreras arancelarias y controlar los abusos que los trabajadores de las plantaciones sufrían por parte de los grandes hacendados.

     El tímido proyecto autonomista que los  liberales sacaron a finales de 1894  no encontraba acogida, ni entre los sectores asimilistas, que habían vinculado sus intereses a la perduración del gobierno español en la forma existente, ni entre los débiles sectores reformistas isleños, ni entre los independentistas, que dirigidos por José Martí —muerto en 1895—, Antonio Maceo y Máximo Gómez: y apoyados por los Estados Unidos, tenían la insurrección madura y en marcha. Además, los políticos del turno consideraban que de Cuba no se podía salir sin combatir, porque lo contrario supondría un deterioro político gravísimo que pondría en peligro el sistema mismo de la Restauración. Por eso rechazaron las propuestas de Estados Unidos para buscar una salida pacífica al problema mediante una transacción económica o con la concesión de un régimen de autonomía.

a.3. Los intereses norteamericanos. También para Estados Unidos Cuba fue importante, pues significó el inicio de un imperialismo sobre el Caribe y el Pacífico, con lo que se convirtió en una potencia mundial con intereses exteriores. Los políticos estadounidenses eran firmes partidarios de la independencia cubana, no por sí misma, sino porque significaba el abandono por los europeos de su última colonia americana y la posibilidad de explotar la riqueza de la isla en exclusiva. Las compañías azucareras y la opinión pública respaldaban la independencia, y el apoyo gubernamental fue continuo: primero diplomáticamente, presionando al gobierno español para hacer concesiones de autonomía o acceder a una compra; después se convirtió en un apoyo material y en una presión favorable a la insurrección, y, por último, en una intervención directa. Al final, los estadounidenses, no deseaban una Cuba autónoma como alternativa a una Cuba española, por lo que cualquier posibilidad de concesión por parte de España —excepto la independencia— estaba destinada a no hallar acogida.

a.4. La política exterior española en el contexto internacional. Siguiendo el pensamiento de Cánovas y otros políticos, que partían de la idea de la decadencia de los países latinos frente a la emergencia de las potencias germanas y anglosajonas, España desarrolló hasta los años noventa una política de recogimiento que buscaba no involucrar al país en compromisos internacionales. Se trataba de respetar el equilibrio entre las potencias para no tener que enfrentarse a ninguna de ellas, justo cuando éstas se lanzaban a la expansión imperialista y España mantenía colonias diseminadas por el mundo. Aunque los liberales iniciaron después una débil integración diplomática, España careció de apoyos cuando los necesitó en 1898, pero ello se debió en gran parte a que la redistribución colonial de finales de siglo fue una cuestión de relaciones de fuerza en todo el mundo, en la que los más débiles debieron desistir ante los más fuertes.

B.  El desarrollo del conflicto (1895-1898).

El comienzo de la insurrección cubana en el año 1895 centró toda la acción gubernamental española, que experimentó vaivenes entre las medidas de tipo militar y las de tipo político. Pueden señalarse dos etapas en el conflicto claramente separadas por la intervención directa en el misino de los EE.UU:

b.1. La guerra hispano-cubana (1895-1897). Inicialmente, el gobierno liberal de Sagasta intentó ante la sublevación explorar las posibilidades de una política conciliatoria y envió a la isla al general Martínez Campos, esperando que pudiera repetir la pacificación de los años setenta. Pero pronto descubrió que no era posible, pues ahora la insurrección estaba mejor organizada y más extendida, por lo que el nuevo gobierno de Cánovas adoptó en 1896 una política de mayor dureza dirigida por el general Weyler y aumentaba las tropas españolas en la isla hasta superar los 200.000 soldados.

     Se inició así una dura guerra de desgaste en el que la superioridad militar española se compensaba con el dominio del terreno por los guerrilleros cubanos, que recibían armamento y suministros estadounidenses. A mediados de 1897 la estrategia de Weyler (aislar a la guerrilla reprimiendo con brutalidad todo apoyo popular y concertando a la población, rural en áreas fortificadas), comenzaba a dar frutos, de manera que la mitad de la isla estaba pacificada. Se optó entonces por una vía conciliatoria dando prioridad a los cambios políticos sobre las operaciones militares: Weyler fue relevado por el general Blanco y en noviembre se concedió una amnistía y un régimen de autonomía política que establecía la igualdad de derechos entre los peninsulares y los antillanos y que daba una especie de Constitución para la isla en la que, al estilo de los dominios británicos, se instituía un gobierno propio, una Cámara de representantes y un gobernador general. Aunque se logró incorporar a algunos dirigentes autonomistas y en enero de 1898 tomaba posesión el nuevo gobierno cubano, el tiempo de las reformas había pasado.

b.2. La guerra hispano-norteamericana (1898).- Tanto el gobierno como gran parte de la opinión pública estadounidense, influida por los ideólogos del imperialismo norteamericano, y preparada en favor de la guerra por las campañas de los periódicos de Hearst  y de Pulitzer, eran partidarios de la intervención directa en Cuba. El incidente que la propició fue la explosión en la bahía de La Habana, el 15 de febrero de 1898, del acorazado estadounidense «Maine», enviado para «proteger los intereses norteamericanos en la isla», y en la que hubo 254 muertos. Estados Unidos, tras una rápida y particular investigación de la voladura del barco atribuyó toda la responsabilidad a España, a quien correspondía garantizar la seguridad en el puerto. Rápidamente, lo que era una atribución indirecta fue convertida por la prensa norteamericana en una responsabilidad directa sobre la explosión del barco. En esas condiciones, el gobierno de Washington propuso primero, en el mes de marzo, la compra de la isla, y, tras la previsible negativa española y el fracaso de un intento de mediación patrocinado por las potencias europeas, el 18 de abril, a petición del presidente McKinley, el Congreso norteamericano aprobó una resolución que era un verdadero ultimátum: Cuba debía ser libre e independiente, España debía renunciar a la soberanía y retirarse de la isla y se autorizaba al presidente de los Estados Unidos a movilizar recursos militares para conseguir estos objetivos, si en tres días no eran aceptados estos términos por el gobierno español. Así, la guerra era inevitable.

El desarrollo de las operaciones fue rápido y contundente, tanto por la proximidad para los estadounidenses de los objetivos a sus bases, como, sobre todo, por su apabullante superioridad material y técnica, más naval (capacidad de fuego y protección blindada) que en las fuerzas de tierra. Fue primero en Filipinas, un lugar en el que la situación parecía más favorable a los españoles, donde la guerra comenzó a tener su previsible y rápido desenlace. En un momento en que ni siquiera estaba decidida la incorporación de Hawái a la Unión (ocurrirá ese año), se envió una escuadra desde EE.UU. que el 1 de mayo aplastó a la española en Cavile; el 14 de agosto, cuando ya se había firmado el armisticio y casi sin combate, Manila fue tomada.

En cuanto al Caribe, las autoridades españolas, conscientes de la abrumadora superioridad estadounidense, decidieron enviar la flota del almirante Cervera; cuando llegó en el mes de mayo se vio bloqueada en el puerto de Santiago de Cuba y al salir el 3 de julio fue hundida, mientras el día 17 se rendía la ciudad. A finales del mismo mes de julio nuevos contingentes norteamericanos desembarcaron en la isla de Puerto Rico y, no sin problemas, la ocuparon.

En esas condiciones, el 12 de agosto España pidió un armisticio y firmó el protocolo de Washington, previo al tratado de paz, aceptando ya la renuncia a su soberanía sobre las islas, y el 10 de diciembre de 1898, por el “Tratado de París”, España renunciaba definitivamente a su soberanía sobre Cuba, a la que concedía la independencia y cedía a Estados Unidos las islas Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam, en las Marianas, a cambio de 20 millones de dólares.

C. Las consecuencias de la guerra para España.

La derrota fue un aldabonazo cuyos efectos hacen del fin de siglo un momento histórico crucial:

c.1. El fin del imperio colonial. Si bien el Tratado de París no significaba la completa desaparición de todo el antiguo imperio español, ésta acabó por producirse enseguida: el gobierno español, consciente de la imposibilidad de mantener los últimos reductos, en esa suerte de redistribución colonial entre las grandes potencias y para compensar la influencia anglosajona en Filipinas, cedió a Alemania por el Tratado hispano-alemán de 1899, las islas Marianas (excepto Guam), las Carolinas y las Palaos, a cambio de 15 millones de dólares. Así España quedó reducida a la condición de pequeña potencia europea, cuyo interés estratégico residía en controlar parcialmente el estrecho de Gibraltar y cuyas ambiciones imperialistas se reducían a África (en especial, al norte de Marruecos).

c.2. Las pérdidas humanas y materiales. Se calcula que las guerras de 1895-1898 costaron en conjunto unas 120.000 muertes, de los cuales la mitad fueron de soldados españoles, la mayoría debidas a enfermedades infecciosas que dejaron, además, graves secuelas en los supervivientes. Si al principio estos daños no repercutían demasiado en una opinión pública adormecida y jaleada por el patriotismo domínate, poco a poco comenzaron las protestas y se fue extendiendo la amargura entre las familias pobres cuyos hijos habían sido enviados a las colonias por ríe poder pagar la exclusión de las quintas. Los perjuicios psicológicos y morales fueron asimismo importantes: los soldados retornaban heridos, mal atendidos, pasando hambre, mutilados o tarados por la guerra. A ello se añadía la desmoralización de un país consciente de su propia debilidad y de lo inútil del sacrificio.

     Las pérdidas económicas, si bien no fueron excesivas en la metrópoli ni tuvieron graves consecuencias inmediatas, salvo la subida de los precios de los alimentos en 1898, sí que llegarían a medio plazo: se perderían los ingresos procedentes de las colonias, los mercados privilegiados que éstas suponían para los productos españoles y ciertas mercancías que, como el azúcar, el cacao o el café, deberían comprarse en el futuro a precios internacionales A cambio, hubo una repatriación de capitales, sobre todo hacía el N. de España, que fueron el punto de partida de la creación de sociedades mercantiles y de importantes entidades bancarias.

c.3. Las consecuencias políticas. El impacto sobre el sistema político resultó inevitable, y derivó de la incapacidad de los sucesivos gobiernos para evitar primero, controlar después y, finalmente, vencer en tres guerras que se les escaparon por completo de las manos. El desgaste fue de ambos partidos, pero afectó primeramente al Liberal y a Sagasta, a quien tocó la misión de afrontar la derrota. Pero eso no supuso cambios súbitos en el panorama político: el gobierno se mantuvo en el poder y se acallaron las escasas críticas y protestas promovidas por socialistas, anarquistas, o algunos intelectuales (Unamuno) o políticos republicanos (federalistas), nacionalistas (Arana) o carlistas. Sólo a los pocos meses comenzaron a configurarse algunas acciones tendentes a transformar la vida pública y regenerar el país, tanto desde dentro de! sistema como desde fuera. Esto también sería el final de la carrera de la primera generación de dirigentes políticos de la Restauración, que debió ceder el terreno a nuevos líderes, como Francisco Sírvela y Antonio Maura, en el Partido Conservador, o Eugenio Montero Ríos y José Canalejas, entre los liberales.

     Pero quizá fue más grave el desprestigio militar, derivado cié la contundencia de la derrota: pese a la capacidad demostrada por algunos generales y al valor- de las tropas, era evidente que el Ejército, pese a las impopulares quintas, a los recursos materiales y a los sacrificios humanos, no había estado preparado para un conflicto como el ocurrido, aunque, al final, la responsabilidad era más política que militar. Así, con el daño a la imagen del Ejército y la desmoralización de éste, que atribuye responsabilidades a los políticos, resurgirá el problema militar en España.