Los políticos liberales eran conscientes de que los
cambios en la estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en
otros países una gran expansión de la producción agrícola. Pensaban que la
primera medida que había que adoptar para poner fin al atraso del campo
español era eliminar los restos del régimen
señorial que todavía subsistía en buena parte de las regiones del país. Por
ello era necesario erradicar el sistema de propiedad de manos muertas y vender las tierras para que los nuevos propietarios
modernizasen el campo.
A pesar de algunos intentos llevados a cabo por las
Cortes de Cádiz o durante el Trienio Liberal, los cambios más importantes en
la estructura de la propiedad de la tierra se produjeron a raíz de las
desamortizaciones aplicadas por los gobiernos de los años 1836 y 1855. Estas desamortizaciones consistieron en la expropiación
por parte del Estado de gran parte de los bienes de la Iglesia (tierras y
edificios), y de las tierras comunales de los municipios, que fueron declarados
bienes nacionales y vendidos a particulares en subasta pública.
Los objetivos
de este proceso desamortizador quedan claros en el memorial entregado a la regente,
María Cristina, por Mendizábal, en 1836:
1. Conseguir el apoyo político de los grupos liberales,
beneficiados con la desamortización, a la causa isabelina en la guerra
carlista.
2. Liberar la tierra y convertirla en un bien de uso y
cambio, reafirmando el principio de la propiedad individual y libre, tal y como
planteaba el liberalismo económico. Aumentar el número de propietarios,
intentando abrir esta posibilidad a los medianos propietarios agrarios y a los
campesinos. Conseguir una agricultura productiva que liberase excedentes de
capital y de mano de obra para la incipiente industria.
3. Aminorar el enorme endeudamiento del Estado y
sanear las arcas públicas, mediante los ingresos obtenidos de la venta de las
tierras expropiadas.
4. En el caso de la desamortización de Madoz, un
objetivo específico fundamental fue el de la financiación pública de las
infraestructuras necesarias para el desarrollo industrial y la articulación de
un mercado interior. Este objetivo se enfocó sobre todo a la financiación del
ferrocarril
La
desamortización de Mendizábal, fue la
primera y se llevó a cabo durante la regencia de María Cristina. El Gobierno
nacionalizó en 1836 todos los bienes de las órdenes religiosas (clero regular),
que después vendió a precios muy bajos. Los ingresos obtenidos por la venta
fueron menores de lo esperado, debido a la forma de pago establecida, al
aceptar títulos de deuda por su valor nominal, no el real. Dado que el valor de
estos títulos había bajado en bolsa, el precio pagado por las tierras fue muy
inferior, favoreciendo a los grandes inversores y provocando un descenso
importante de los ingresos para el Estado. Esta desamortización se amplió en
los años posteriores con la de los bienes de las órdenes religiosas femeninas y
los del clero secular, hasta que fue paralizada por los moderados en 1844.
La
desamortización de Madoz, se llevó a
cabo durante el Bienio Progresista por el también ministro de Hacienda Pascual
Madoz, mediante la Ley de
desamortización General de 1855, y puso a la venta todas las tierras
cultivadas que formaban parte del patrimonio municipal (tierras comunales y
baldíos), estatal y de las Órdenes Militares, así como las pocas que podían
quedar de la Iglesia. El procedimiento desamortizador consistía en tasar las
propiedades, hacer una subasta pública y adjudicarlas al mejor postor. El pago
se podía efectuar de dos formas: o bien en efectivo, dando un primer plazo
correspondiente al valor de la quinta parte de la propiedad y el resto en
quince años, o bien pagando una parte con títulos de deuda pública (al valor
del mercado del día anterior) y el resto en plazos durante ocho años. Los
ingresos obtenidos fueron mayores que en la anterior, debido a la forma de
valoración de los títulos de deuda.
Las desamortizaciones
comportaron un cambio de propiedad, ya que el 40% de la tierra cambió de manos,
pero los compradores fueron sobre todo aristócratas terratenientes, que aún
engrosaron más su patrimonio, o comerciantes e industriales, que veían en la
tierra un signo de prestigio y de estabilidad económica. Se reforzó, por tanto,
la estructura oligárquica de propiedad de la tierra, provocando un fuerte descontento
campesino, ya que no pudieron acceder a la propiedad, y perdieron derechos de
arrendamiento y de uso de los bienes comunales. En el sur de la Península se
produjo una proletarización del campesinado, ya que en 1860 la mitad de los
asalariados eran jornaleros del campo.
Aunque se logró una ampliación importante de la
superficie cultivada y en algunos lugares se introdujeron los abonos, lo que
repercutió en un aumento de la productividad, una buena parte de los
propietarios continuaron viviendo de las rentas, sin introducir ninguna mejora
en sus explotaciones. En cuanto a la liberación de excedentes para la industria, parece bastante claro que no
fue así, más al contrario, buena parte de los capitales que podrían haberse
invertido en este sector fueron dedicados a la compra de tierras en las
subastas, dando lugar al llamado capitalismo
agrario.
Sí se cumplieron los objetivos políticos de implantar
el sistema liberal, pero a cambio se convirtió a la iglesia en su enemiga acérrima,
lo que contribuyó a acentuar el enfrentamiento entre clericalismo y
anticlericalismo a lo largo del siglo XIX y buena parte del XX. En el campo urbanístico y cultural las consecuencias
fueron claras: muchas construcciones religiosas urbanas pasaron a convertirse
en edificios públicos o en solares. La desaparición de conventos supuso en
muchos casos la destrucción de edificios históricos y la dispersión y pérdida
de su patrimonio mueble (cuadros, esculturas, muebles, custodias…), sólo en
parte recogidos por museos y archivos.
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