La oposición política al régimen en el interior quedó totalmente desarticulada tras la guerra por la represión que dejó sin cuadros dirigentes a partidos y sindicatos. Esto y la escasa información, el miedo y el hambre, bloquearon la capacidad de reacción de unas masas obreras y campesinas diezmadas por la guerra y el exilio. Sólo a partir de 1945, con la esperanza de que la victoria aliada en Europa llevaría a las potencias a acabar con el régimen de Franco, se multiplicaron las acciones de propaganda clandestina y en 1946 y 1947 son duramente reprimidas las primeras huelgas que hay en Barcelona, Bilbao y otras ciudades para exigir subidas salariales.
La oposición más importante fue la de la guerrilla, también conocida como maquis. Muchos combatientes republicanos se «echaron al monte» desde el final de la guerra civil e iniciaron una labor de hostigamiento a las fuerzas del orden y del Ejército, a través de pequeñas partidas dirigidas por anarquistas y comunistas principalmente que se refugiaban en las montañas del Norte y en algunas del interior. Poco a poco, las partidas fueron capturadas o exterminadas, al tiempo que el desencanto cundía entre la oposición al régimen por la decisión aliada de no intervenir para acabar con la dictadura. Hacia 1947 la guerrilla comenzó a declinar, y en 1948 el P.C.E. renunció a la táctica guerrillera, si bien grupos aislados continuarían durante algunos años refugiados en las montañas.
La oposición política en el exterior, por parte de la República en el exilio, se caracterizó por la continuidad de las divisiones internas entre los partidos, e incluso en el seno de los mismos. Republicanos y socialistas recelaban de los comunistas, que subordinaban toda la táctica de resistencia a los dictados estalinistas soviéticos. En el P.S.O.E. el enfrentamiento entre Prieto y Negrín hacía difícil coordinar al partido, mientras que entre los republicanos, tras la muerte de Azaña, la división era también importante. En 1944 todas las fuerzas republicanas, con exclusión de los comunistas, se unieron en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, pero en 1945 la decepción cundió en las filas republicanas por la inoperancia de las potencias ante Franco.
La oposición monárquica se centró en torno al heredero de Alfonso XIII, don Juan, instalado en Estoril, que en 1945 hizo público el Manifiesto de Lausana, en el que declaraba su apoyo a una transición democrática, a unas Cortes Constituyentes y a una amplia amnistía que permitiera la reconciliación entre los españoles. Pese a ello, y aunque algunos monárquicos se alejaran del dictador, los contactos entre el pretendiente borbónico y Franco nunca se romperían del todo, y en la década siguiente mantendrían dos entrevistas para tratar de la formación del hijo de don Juan, Juan Carlos, en quien muchos veían un posible sucesor.
Los primeros años de la década de los 50, desde el punto de vista de la situación política interna, se caracterizan por la estabilidad, pero mediada la década se dan ciertos sobresaltos: Aparecieron las primeras protestas estudiantiles, a raíz de la tímida apertura cultural, auspiciada por el joven ministro de Educación, Joaquín Ruíz-Giménez, de procedencia católica, que situó como rectores de las principales universidades a intelectuales de tono moderado, como Laín Entralgo o Fernández Miranda, por lo que la prensa falangista arremetió contra el ministro. Pero en la Universidad las cosas empezaban a cambiar y cada vez más estudiantes se desmarcaban del dominio ideológico del sindicato oficial falangista (el S.E.U). y comenzaban a reclamar una mayor libertad en las cátedras y en la opinión pública.
Grupos, relacionados casi siempre con movimientos católicos, pero en los que se infiltraban estudiantes socialistas y comunistas, comenzaban a operar en las facultades y a reclamar mayor libertad. En febrero de 1956 se solicitó autorización para celebrar un Congreso de Estudiantes al margen del S.E.U., mientras los delegados de oposición derrotaban a los falangistas en las elecciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. La respuesta falangista se produjo en las calles con enfrentamientos entre grupos durante dos días que fueron respondidos con una dura represión policial, la detención de varios líderes estudiantiles y la suspensión de dos artículos del Fuero de los españoles. Ruíz-Giménez fue cesado y la mayor parte de los intelectuales moderados pasó a la oposición al régimen y a organizar distintos grupos, aunque sin demasiada fuerza.
La experiencia de 1956 demostró a la oposición política que una nueva generación salía a la luz, alejada de los planteamientos de los dirigentes del exilio. Los sucesivos gobiernos republicanos en el exilio, instalados en México, fueron debilitándose, conforme la vieja generación de dirigentes republicanos iba desapareciendo, mientras el P.S.O.E. se mantenía dividido. El movimiento sindical clandestino se iba formando a través de asociaciones católicas de base, con fuerte influencia comunista, y habían ido ganando terreno con su táctica de presentarse a las elecciones sindicales y ocupar posiciones dentro de los sindicatos verticales. El P.C.E., tras superar una fuerte crisis interna, renovó sus estructuras en 1956, dando entrada a dirigentes más jóvenes, como Claudín o Santiago Carrillo, que comenzaron a tejer una red de activistas en el interior más firme que la tenida hasta el momento.
b. De los años sesenta a la muerte de Franco
La difusión de los valores democráticos en los colectivos obreros, estudiantiles y de clase media, jugó a favor del progresivo compromiso de una parte de los mismos con la creciente movilización social que se estaba produciendo en España. A estas movilizaciones se unirán los colectivos vecinales y la iglesia católica, que poco a poco se irá distanciando del régimen. Los años sesenta asistirán también al resurgir del movimiento nacionalista y a la aparición de una nueva forma de lucha: el terrorismo, con la fundación de ETA.
La década se inició con un proceso de distanciamiento de la Iglesia respecto al régimen. Sectores de la jerarquía comenzaban a denunciar la situación de los trabajadores y a insistir más en la labor de apostolado social y ayuda a los necesitados, que en reforzar los valores del nacional-catolicismo. El ascenso al papado de Juan XXIII y su inesperada renovación de la Iglesia, a partir del Concilio Vaticano II, agravó la quiebra entre el régimen y la Iglesia, hasta llegar casi a la ruptura a comienzos de los 70. el nuevo arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Enrique y Tarancón, presidió una Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes que elaboró, en septiembre de 1971, un documento (que no se llegó a aprobar) exigiendo libertades políticas y sindicales, rechazando la división entre vencedores y vencidos y pidiendo disculpas por el papel de la Iglesia tras la guerra civil. La tensión con el régimen aún crecería más en 1974 con el «caso Añoveros»: una homilía de éste, obispo de Bilbao, en la que aludía a la personalidad distinta del País Vasco, provocó la amenaza de expulsión por parte del gobierno, contestada, a su vez, por el Vaticano con la amenaza de excomunión al gobierno español —el único de Europa, junto al belga, confesional católico—; éste optó por ceder, pero la ruptura con la Iglesia quedaba así consumada.
Por otro lado resurgen las tensiones nacionalistas, cuando en 1960 son detenidos algunos catalanistas, entre ellos Jordi Pujol, acusado de distribuir panfletos antifranquistas en catalán. Ese mismo año, 339 curas vascos firman una carta protestando por la represión y exigiendo libertades públicas. Un año antes un grupo de jóvenes escindidos del P.N.V., agrupados en Ekin, funda E.T.A., Euzkadi Ta Askatasuna (Euskadi y Libertad), que optará por la lucha armada para lograr la liberación nacional vasca y el socialismo; a finales de la década la represión policial de las acciones de E.T.A. generan alrededor de ésta un apoyo popular que radicalizó el clima hasta hacerlo explosivo. A lo largo de estos años se decretará el estado de sitio en numerosas ocasiones en el País Vasco.
Los conflictos laborales se hicieron más frecuentes. Desde la primavera de 1961 se multiplicaron las huelgas, concentradas sobre todo en sectores punta del crecimiento industrial (la minería, la construcción y la siderometalurgia) con un progresivo aumento a lo largo de la década, y si inicialmente primaron en ellas motivos salariales y laborales, poco a poco lo irán haciendo las motivaciones de solidaridad y denuncia de falta de libertades sindicales y políticas. El ministro de Trabajo, el falangista José Solís, permitió cierto margen de negociación colectiva directa y la libre elección de jurados de empresa y enlaces sindicales, lo que fue aprovechado, a partir de 1963 por los miembros de las recién nacidas Comisiones Obreras (CC.OO.), sindicato clandestino de predominio comunista, para inflitrar completamente los sindicatos verticales a finales de la década.
Mientras, la oposición políticas reconstruía poco a poco sus redes clandestinas en medios universitarios y obreros, si bien la represión hacia caer una y otra vez detenidos a sus dirigentes. Su mayor éxito se produciría en la reunión en Munich del IV Congreso del Movimiento Europeo en 1962, cuando dirigentes liberales, monárquicos y demócrata-cristianos, semanas después de que España pidiera entablar negociaciones de adhesión al Mercado Común, lograban aprobar una declaración recomendando la no admisión de España en tanto no se restauraran las libertades. El gobierno respondió con enorme dureza: la suspensión del articulo 14 del Fuero de los Españoles fue seguida del confinamiento de varios de los participantes en el encuentro. En 1974 organiza en torno al PCE, la Junta Democrática y un año después la Plataforma democrática en torno a PSOE. Ambas organizaciones defendían la ruptura democrática con el régimen una vez que hubiese desaparecido el dictador.
La oposición crecía también en las Universidades: en 1965 Enrique Tierno Galván, José Luis López Aranguren y Agustín García Calvo eran expulsados de sus cátedras a raíz de unos incidentes en la Universidad, mientras en 1968 fue cerrada la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, y al año siguiente la Universidad de Barcelona y en ese mismo año, un estudiante madrileño moría en circunstancias sospechosas tras ser detenido por la policía.
La oposición iba organizándose y estableciendo contactos que llegaban incluso a sectores y personas vinculadas al régimen y al propio Ejército, unos pocos de cuyos oficiales formarían la Unión Militar Democrática (U.M.D.), totalmente desarticulada en la primavera de 1975.
Las huelgas obreras se iban multiplicando en las grandes empresas, y el régimen sólo supo responder con la represión y la aplicación indiscriminada de estados de excepción, interrogatorios y torturas por parte de la Brigada Político-Social, y enjuiciamientos en los Tribunales de Orden Público (T.O.P.) o en la jurisdicción militar, culminando en 1973 en el llamado «Proceso 1.001» contra diez dirigentes de CC.OO. encabezados por su líder, Marcelino Camacho, que se saldaría con largas condenas de cárcel.
En 1973 la situación del orden público llegó a ser explosiva: el 1 de mayo una nueva organización terrorista, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (F.R.A.P.) asesinaba a un policía en Madrid. La represión se acentuó contra los dirigentes sindicales, al tiempo que se detenía a varios miembros del F.R.A.P. y de E.T.A. Esta última organización, que incrementaría aún más su actividad, asesinaba en Madrid el 20 de noviembre de 1973 al almirante Carrero Blanco con un atentado minuciosamente preparado. Fueron los momentos más duros de un régimen que mantuvo intactas hasta el final sus estructuras represivas.
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