II. Evolución política y económica del franquismo

La España del aislamiento: hambre y represión (1939-1959)

A. Los negros cuarenta: la España de postguerra

La evolución del régimen en esta década estuvo muy condicionada por la política externa. En los días finales de la guerra civil se firmó el Acuerdo de asociación al Eje Berlín-Roma-Tokio, la alianza totalitaria que vincularía a España a las potencias fascistas al estallar, en septiembre de 1939, la II Guerra Mundial. En el marco de esta alianza, los elementos falangistas adquirieron una clara primacía en el Gobierno, con Ramón Serrano Súñer, cuñado de Franco (el cuñadísimo), a la cabeza de la política exterior y de la construcción ideológica del nuevo régimen. Hasta agosto de 1942, su línea filofascista y totalitaria impregnó los comportamientos, las declaraciones públicas y la información de la prensa sobre la guerra.

B. Los años 50: la aceptación en la comunidad internacional

El comienzo de la década de los 50 es decisivo para el régimen franquista, por cuanto marca el inicio del fin del aislamiento internacional. Desde 1948 se sucedían claros indicios de que, en el contexto de la guerra fría, las potencias aliadas preferían incorporar a España a su red estratégica, pasando por alto el régimen dictatorial. Los diplomáticos españoles supieron vender la imagen de anticomunismo visceral del Caudillo, y entre círculos económicos, políticos y militares estadounidenses se comenzó a presionar para terminar con el bloqueo. Lentamente, la presión diplomática sobre España se fue difuminando y en noviembre de 1950, cuando ya se habían iniciado negociaciones con EE.UU. y con el Vaticano, la O.N.U. levantó la retirada de embajadores y autorizó la entrada de España en organismos internacionales.

C. Una economía de guerra: hambre, racionamiento y autarquía

En 1939 la prioridad del régimen era la reconstrucción de un país devastado, arruinado demográfica y económicamente después de tres años de guerra. Era urgente iniciar un proceso de recuperación económica, pues el hambre de una gran mayoría de la población, derivado del hundimiento de la producción agraria, obligaba al racionamiento. Se implantaron cartillas de racionamiento que permitían comprar, de forma limitada, productos básicos. 

Pero en medio de esta sociedad hambrienta y desesperada surgió todo un entramado de intereses y de enriquecimientos fáciles conocido como estraperlo. El mercado negro de casi todos los artículos de consumo, empezando por los alimentos, esquivaba los bajos precios y sorteaba el racionamiento al que estaban sometidas todas las familias. El gobierno intentó tímidas medidas para perseguirlo, pero sin mucho convicción, puesto que algunas "familias del régimen" tenían fuertes intereses en esta actividad, que les permitió un rápido enriquecimiento.

Para afrontar la situación económica, las autoridades optaron por un modelo de autarquía y de intervención del Estado, acorde con los planteamientos del fascismo italiano, tan admirados entonces por los dirigentes falangistas, según los cuales un país no podía gozar de independencia política si no era económicamente autónomo, casi autosuficiente.

En esta línea, se aprobaron una serie de decretos y se implantó un sistema reglamentista que impedía la actuación libre de los  agentes económicos. Se fijaron precios, se obligó a pedir licencia para cualquier inversión industrial, se reconvirtieron fábricas para producir bienes de primera necesidad, se canalizó a través del Estado cualquier permiso de importación o exportación, y se obligó a entregar al Servicio Nacional del Trigo todo excedente de cosecha. Una Ley de Protección de la Industria Nacional, seguida de la creación, en 1941, del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), privilegió a sectores los económicos relacionados con las prioridades del régimen.

Ya desde principios de los 50 era evidente el fracaso de la política autárquica, puesto que las bajas cifras de producción, la falta de alimentos y el nulo crecimiento económico, habían impedido acabar con el hambre y el racionamiento. Por primera vez, en 1951 hubo huelgas en Barcelona, País Vasco y Madrid, cuyo motivo aparente fue la subida de las tarifas del tranvía,  pero que expresaba más bien el hastío de una clase trabajadora que veía cómo los precios subían de forma constante mientras los salarios lo hacían mucho más despacio, sin que por otra parte disminuyeran las jornadas laborales. 

El giro en la política económica se inicia con el cambio de Gobierno de 1951. En 1952 se decretó una liberalización parcial de precios, comercio y circulación de mercancías, coincidente con una buena cosecha, lo que a su vez permitió terminar con el racionamiento. Se inicia entonces una expansión en la producción, algo irregular, pero positiva. En 1954 se superaban las cifras de renta por habitante de 1935, y el sector industrial comenzó a crecer al tiempo que disminuía proporcionalmente el peso del sector agrario en la renta nacional. Las mejoras vendrán de la mano de nuevas reformas, aprovechando el fin del aislamiento internacional.

España 1959-1975: desarrollismo económico y aperturismo político.  El final del régimen 

A. De la apertura política al final del régimen

Para quienes pensaban que con la liberalización y el desarrollo económicos de los sesenta se abriría el camino a la apertura política, el desengaño sobrevino rápidamente, pues Franco no dio síntomas de querer variar el férreo control político y la restricción total de libertades. De hecho, la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 significaba una afirmación de los valores del régimen y un claro rechazo a toda actividad sindical o política. Además, la entrada en el Fondo Monetario Internacional (F.M.I.) y en el Banco Mundial, unidas a la visita del presidente Eisenhower a España, a finales de 1959, sirvieron para generar euforia y reforzar la imagen de Franco. 

Hubo no obstante tímidos intentos de demostrar cierto talante aperturista desde el régimen o simplemente de mejorar su imagen, sobre todo en el exterior: la ley de prensa promovida por Fraga Iribarne y la Ley de sucesión en la Jefatura del estado seguida, en 1969, del nombramiento de Juan Carlos de Borbón com sucesor de Franco, a título de Rey.

En los inicios de lo setenta, es evidente la decrepitud de Franco y, entre las familias del régimen se suceden los enfrentamientos ante el futuro político de la dictadura. En este contexto se produce, en 1973, el asesinato de Carrero Blanco, mano derecha de Franco y posiblemente, la persona que debía capitanear el cambio del régimen franquista sin Franco, para mantener la esencia del sistema dictatorial.

Este documental nos muestra lo sucedido aquella mañana del 20 de diciembre de 1973



Y así lo contaba el NODO

Las consecuencias políticas para el régimen, que supone la muerte de Carrero Blanco, son muy importantes

La muerte de Carrero Blanco permitió al régimen manifestar su más negra tradición de represora, y el 27 de septiembre de 1975, se producirán las últimas ejecuciones de miembros de ETA y el FRAP. Serán fusiladas cinco personas: tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, y dos militantes de ETA político-militar, Juan Paredes Manot (Txiki) y Ángel Otaegui.

Estas ejecuciones, levantaron una ola de protestas y condenas contra el gobierno de España, dentro y fuera del país, tanto a nivel oficial como popular, incluyendo al Vaticano. Franco desoyó todas las peticiones de clemencia, en un intento de demostrar la fortaleza del régimen. Su aparición en el balcón del Palacio Real, en la Plaza de Oriente, será la última.

(Este vídeo es un montaje realizado a partir de un documental de TVE.)

Dos meses después Franco moría, tras una larga agonía, preludio de la agonía de su propio régimen. El 20 de Noviembre de 1975, el presidente del gobierno Arias Navarro, anuncia a los españoles la muerte de Franco y lee su "testamento", se abre el tiempo de esperanza para España.

B. El Desarrollismo: del Plan de Estabilización a la crisis de 1973

La reforma económica se aprobó en julio de 1959, tras superar las reticencias de casi todo el gobierno, especialmente de Carrero Blanco y de Franco, que no acababan de aceptar la renuncia al viejo sistema controlado. El Decreto-Ley de nueva Ordenación Económica, era un plan de estabilización típico, diseñado según las indicaciones del F.M.I. y del Banco Mundial, cuyos objetivos eran liberalizar la economía mediante la supresión de trabas burocráticas, la reducción de salarios y del dinero en circulación, el recorte del gasto público y la apertura de la economía española a las inversiones y al comercio internacional. Se buscaba crear las bases para un relanzamiento económico que permitiera fuertes ritmos de crecimiento, una rápida industrialización y la imbricación de la economía española en la internacional.

A partir de 1963 el gobierno intentó regular el crecimiento mediante los llamados Planes de Desarrollo, que en realidad intentaban orientar, más que dirigir, las inversiones privadas. Se trataba de conseguir, en períodos de tres años, una serie de objetivos de crecimiento en sectores clave, mediante incentivos fiscales, ayudas a la exportación y subvenciones estatales. Se crearon los llamados polos de desarrollo, en los que se intentaba promocionar la instalación de nuevas industrias para generar empleo en zonas deprimidas. Pero, en realidad, los Planes de Desarrollo no funcionaron. Si no se cumplieron los objetivos inversores, mucho menos los de contenido social: las inversiones en formación profesional o en asistencia sanitaria fueron muy inferiores a las previstas.

Los resultados de esa política de liberalización española, ayudados por el desarrollo económico internacional, fueron inmediatos. Por un lado, entre 1959 y 1960, se produjo un fuerte parón económico (caída de precios, de salarios —muchas empresas eliminaron las horas extraordinarias— y del consumo) y se inició la emigración a Europa en busca de trabajo, por otro, los objetivos económicos de reducción drástica del déficit y acumulación de capitales se consiguieron, y a partir de 1961 comenzó el proceso de relanzamiento de la economía española. Ese crecimiento se basó sobre todo en el aumento del sector industrial y de servicios, y permitió un proceso de modernización que afectó profundamente a la sociedad española.

La atracción que el crecimiento de la industria produjo sobre la mano de obra provocó un intenso éxodo rural de los campesinos hacia las grandes ciudades. Barcelona y Madrid recibieron más de 650.000 inmigrantes durante la década de 1960, mientras Valencia, Bilbao y Alicante más de 100.000. El resultado fue el alza de salarios en el campo, al disminuir la oferta de mano de obra, lo que a su vez impulsó la mecanización de las tareas agrícolas y la consiguiente demanda de bienes industriales por parte del sector agrario español. Así, modernización agrícola y éxodo rural fueron fenómenos paralelos.

El turismo se convirtió en la gallina de los huevos de oro para la economía nacional, y también, en el motor del cambio de mentalidad de la sociedad española.

En octubre de 1973 se desencadenaba la 3ª guerra árabe-israelí (o del Yom Kippur) y las consecuencias del alza brusca de los precios del petróleo que sacudió toda la economía mundial comenzaron a afectar a España deteniendo su expansión económica. Pero la crisis del petróleo también reflejaba las contradicciones del crecimiento de la década anterior y sus fragilidades estructurales. Faltó una respuesta de la política económica a todo ello, en parte por razones económicas pero también por la debilidad política de un régimen moribundo.

Los efectos de la crisis se extendieron durante más de una década.





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