Bloque 5.3. Detalla las fases del conflicto entre liberales y absolutistas durante el reinado de Fernando VII

El reinado efectivo de Fernando VII empieza en 1814, tras la guerra de la independencia, y abarca hasta su muerte en 1833. Este largo periodo, de conflicto entre absolutismo y liberalismo no constituye un hecho aislado en Europa, sino que se inscribe en el proceso general de la Restauración del Antiguo Régimen en todo el continente. Las principales potencias europeas impusieron en 1815, en el Congreso de Viena, un nuevo mapa de Europa basado en los principios de equilibrio entre las potencias europeas y de legitimidad (devolver a cada monarca su trono y sus territorios). Para preservar el nuevo orden, las grandes potencias (Austria, Prusia Rusia y Gran Bretaña) firmaron un pacto de solidaridad entre monarcas absolutos (la Santa Alianza), que se concretó posteriormente en una alianza militar (la llamada Cuádruple Alianza) y en el sistema de Congresos, que permitía a través de reuniones periódicas de los representantes de Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña y, desde 1818 también de Francia, estudiar la situación europea y hacer frente a posibles rupturas del orden fijado en Viena.

El sexenio absolutista (1814-1820)

Aunque por el Tratado de Valençay (diciembre de 1813) Napoleón devolvía la Corona española a Fernando VII, éste sólo fue liberado y pudo volver a España en marzo de 1814. Desobedeciendo las órdenes de las Cortes, el rey cambió su itinerario de regreso y se dirigió a Valencia, donde le esperaban los absolutistas, que desde 1813 se habían ido organizando para preparar su retorno como monarca absoluto. El 4 de mayo, en Valencia, Fernando VII dictó un manifiesto y un Real Decreto por el que suprimía las Cortes y declaraba nula toda su actuación, mientras enviaba al general Eguía a Madrid para tomar la sede de las Cortes, detener a regentes, ministros y diputados y preparar su vuelta a la capital.

Este golpe de Estado, que no tuvo oposición, fue posible por la acción combinada de dos factores:

 En el interior, el régimen constitucional carecía de apoyos, por lo que el pueblo llano creyó firmemente en la voluntad real y por tanto, favoreció la involución querida por una parte del ejército, de la nobleza y del clero.
En el exterior, existía también un ambiente propicio a la involución política, puesto que las potencias vencedoras reunidas en Viena apoyaban la Restauración.

A partir de aquí, toda la política de Fernando VII se redujo a volver a la situación anterior a 1808. No obstante, la vuelta atrás no fue completa: de la obra de las Cortes gaditanas permanecerían, además de la abolición de la tortura en el procedimiento judicial, otras dos medidas: no se devuelven los bienes ya expropiados y vendidos en la etapa anterior, confirmando la nueva distribución de la propiedad, mientras que, por otro lado, la desamortización de tierras comunales continuó debido a la necesidad de conseguir fondos para la Hacienda pública.

El absolutismo no trajo la estabilidad ya que, hasta 1820, hubo cinco ministerios y una treintena de ministros (algunos pasaban del poder a la cárcel), pues el auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla, formada por hombres de confianza del Rey que, reunidos en la cámara real, impedían cualquier cambio que les perjudicara. El resultado fueron seis años caóticos, en los que los problemas económicos y de toda índole se agravaron:

En el campo, la crisis agraria empeoró por una caída de precios y la restitución de bienes a la nobleza y la Iglesia o la vuelta de la Mesta.

En el ámbito urbano la crisis se agravó a causa de la represión política, del hundimiento económico como consecuencia de la guerra y la represión de la burguesía liberal urbana y del paro. Todo esto agravado por la crisis financiera del Estado, agravada por la necesidad de nuevos gastos para hacer frente al levantamiento independentista en las colonias de América.

A toda esta situación se añadió la actividad de la oposición liberal al absolutismo. Con el golpe de Estado de 1814 se inició la represión contra los afrancesados y los liberales que no habían podido huir, acusados respectivamente de traición y de conspiración contra el Rey. El destierro y la confiscación de propiedades para los afrancesados, y prisión o destierro y confiscación de bienes para los liberales, fue la medida tomada. Mientras que en 1818 Fernando VII atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se mantuvo hasta 1820.

En esta situación, el movimiento liberal se organiza clandestinamente en círculos revolucionarios y sociedades secretas masónicas, activas en las principales ciudades, especialmente entre jóvenes oficiales formados durante la guerra, con ideas revolucionarias y románticas que, en contacto con exiliados, conspiran contra el Estado absolutista. Las conjuras inauguraron una nueva fórmula de golpe de estado: el pronunciamiento, un movimiento cívico-militar básicamente urbano, a veces poco organizado, que dirigía un militar con la tropa a sus órdenes y con apoyos civiles, cuyo triunfo dependía de los apoyos que suscitaba en el resto del país.

El trienio constitucional (1820-1823)

El 1 de enero de 1820 el comandante Riego, que se encontraba al frente de tropas acantonadas en Cabezas de San Juan (Cádiz) para ser enviadas a América, llevó a cabo un pronunciamiento militar con éxito. Serán los apoyos de otras guarniciones (La Coruña, Zaragoza, Pamplona, Barcelona, etc.) y, sobre todo, los levantamientos por todo el país de campesinos irritados por la situación económica, los que contribuirán a que Fernando VII jure la Constitución de Cádiz el 7 de marzo de 1820. Así se restablece la estructura del estado liberal: gobierno, Cortes, Ayuntamientos y Diputaciones.

A lo largo de los tres años que duró el gobierno liberal, se recuperó en España la legislación reformista y liberal salida de las Cortes de Cádiz.

Se intentó llevar a cabo una reforma fiscal (contribución única), que posiblemente hubiera comenzado a resolver el problema económico, pero que no llegó a ponerse en vigor.

La política religiosa, caracterizada por el anticlericalismo y la defensa del poder del Estado frente a la Iglesia. Se exigió a los clérigos el juramento de la Constitución y su explicación desde los púlpitos y las escuelas y volvieron a suprimirse la Inquisición y la Compañía de Jesús (retornada al país en 1814). Pero la medida más importante y más polémica del Trienio fue la Ley de supresión de monacales, que disolvía los conventos regulares (menos los ocho de mayor valor histórico-artístico) y prohibía a las órdenes aceptar nuevos novicios, pasando los monjes a depender de los obispos, mientras sus bienes se nacionalizaban para venderlos y amortizar deuda. A consecuencia de toda esta legislación, la Iglesia pasó a apoyar decididamente el absolutismo.

 En el terreno agrario, se emprendió una legislación que favoreció más a los grandes propietarios rurales y urbanos que al campesinado, cuya decepción le llevó a apoyar la causa absolutista. Entre las principales medidas reformadoras destacan:

La desvinculación y desamortización de tierras con el fin de proporcionar tierras a militares retirados y labradores, y amortizar deuda pública. En ambos aspectos fue un fracaso: las tierras fueron a parar a grandes propietarios y se recaudó menos de lo esperado.

La reducción del diezmo a la mitad, en lugar de eliminarlo por completo, lo que provocó el descontento de los campesinos, que ya habían dejado de pagarlo espontáneamente y se encontraron con que debían seguir pagando.

El restablecimiento del decreto de 1813 sobre libertad de contratación, explotación y comercialización de la producción agraria, que sirvió para que los propietarios revisaran al alza los viejos contratos.

La reorganización militar y policial, restableciendo la Milicia Nacional y la Ley de Orden Público, mientras la Ley Orgánica del Ejército fijaba su subordinación al poder civil.

La reforma educativa se abordó a través del Reglamento General de Instrucción Pública, que establecía la secularización de la enseñanza, la centralización del sistema educativo, su extensión gradual, su ordenación en tres niveles (primaria, secundaria y superior), y la regulación de la enseñanza privada.

Dos serán los grandes problemas políticos del gobierno liberal determinarán su estabilidad y su pervivencia: la división interna del liberalismo y la oposición absolutista o realista.

Los liberales se fracturaron en dos tendencias discrepantes políticamente en lo referente a la organización y los límites del Estado liberal:

Por un lado, estaban los moderados o «doceañistas», que representaban a la burguesía urbana de negocios, defensora de la libertad individual, la propiedad y el orden. Eran partidarios de buscar la colaboración con el Rey y de llegar a una solución de acuerdo con sectores del Antiguo Régimen. Planteaban una reforma moderada de la Constitución de 1812 que limitara la libertad de prensa, reforzara el ejecutivo en manos de la Corona, estableciera el sistema bicameral y restringiera el sufragio.

Por otro lado, estaban los exaltados o «veinteañistas», abogados, intelectuales y militares jóvenes, apoyados en las capas populares urbanas, que eran partidarios de la Constitución de 1812 y de llevar al límite su desarrollo: Cámara única, control parlamentario del gobierno, sufragio universal, libertad de opinión y un marcado anticlericalismo.

Desde el primer momento, los partidarios del absolutismo se opusieron al régimen liberal y, con el respaldo de Fernando VII, protagonizaron conspiraciones e insurrecciones armadas y buscaron el apoyo de la Santa Alianza. La contrarrevolución interna siguió una doble estrategia

Por un lado, el Rey, con una actitud involucionista, pues mientras representaba un papel de rey constitucional, obstruía el funcionamiento del sistema liberal, vetando leyes, nombrando a absolutistas y buscando la intervención extranjera.

Por otro, las guerrillas realistas organizadas en Cataluña, País Vasco, Navarra y N. de Castilla por privilegiados, y formadas por campesinos descontentos con el liberalismo, que desde 1821 mantuvieron en jaque al gobierno liberal.

Las potencias europeas que formaban la Cuádruple Alianza, en el Congreso de Verona (octubre de 1822), decidieron acabar con el experimento revolucionario español y, con la abstención de Gran Bretaña, confiaron a Francia la operación militar. El ejército de los denominados «Cien Mil Hijos de San Luis», ayudado por 35.000 voluntarios realistas, entró en España en abril de 1823 y, sin apenas oposición, recorrió la Península hasta Cádiz, donde, en octubre, «liberó» al Rey devolviéndole su poder absoluto.

La década absolutista (1823-1833)

En esta etapa hay un cambio en las actitudes políticas, tanto de la propia monarquía y de sectores del absolutismo como, al final, también de sectores del liberalismo.

La de Regencia, adoptó unas medidas, ratificadas por el rey, con un doble objetivo:

Anular toda la obra del Trienio (legislación, instituciones…) y restituir el Antiguo Régimen en toda su extensión, excepto la Inquisición, que fue sustituida por las Juntas de Fe, con una finalidad censora de toda idea liberal.

La represión de los liberales y reformistas en cualquier ámbito. El Voluntariado Realista, creado en sustitución de la Milicia Nacional y formado por partidarios del absolutismo más rígido, agudizó la represión.

Sin embargo, desde el primer momento, la Corona y un sector del absolutismo iniciaron un proceso de tímidas reformas, como soporte de la monarquía y del Antiguo Régimen:

Se creó el Consejo de Ministros, se controlaron los gastos y la Hacienda mediante la introducción del Presupuesto General del Estado, se racionalizó la economía a través de un Código de Comercio bastante avanzado y la creación de la Bolsa (1831) y del Banco de San Fernando.

Se elaboró un proyecto de centralización del Estado en la idea de avanzar hacia la creación de un mercado nacional (pero que atentaba contra los fueros del País Vasco y Navarra).

Fernando VII intentó mantenerse alejado de los absolutistas más radicales, contando al final con algunos ministros (Cea Bermúdez, López Ballesteros) claramente reformistas. Incluso se moderó la represión, a partir de 1825. No obstante, estas reformas fueron insuficientes para solucionar los problemas económicos del país y, aunque hubo una leve mejoría, el país seguía arruinado. No había un verdadero mercado nacional, ni capitales ni inversores animados a arriesgar su dinero dada la incertidumbre política y el sistema fiscal del país.

Para lo que sí sirvió esa práctica moderada fue para que apareciera la resistencia del sector más radical del absolutismo, los llamados realistas, partidarios de mantener sin cambios el régimen fernandino y que contaban con el apoyo del hermano del rey, don Carlos.

Desde 1830 se agudiza la cuestión dinástica: Fernando VII no había tenido descendencia en sus tres primeros matrimonios y en 1829 se casó con su sobrina María Cristina, que pronto quedó embarazada. El rey, ya viejo y queriendo garantizar la sucesión en su futuro hijo o hija, hace publicar el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción que derogaba la Ley Sálica de Felipe V. La decisión, si bien jurídicamente era legal, no dejaba de ser políticamente polémica, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde su aprobación en Cortes (1789) y los intereses de don Carlos, hermano del rey. Desde entonces y hasta 1833 se abrió un enfrentamiento entre dos bandos opuestos: por un lado, los absolutistas reformistas y sectores de la aristocracia aliados con liberales moderados, que apoyaban a la heredera como única posibilidad de cambio; por otro lado, los absolutistas intransigentes, partidarios de don Carlos.

En septiembre de 1832 se producen los llamados sucesos de La Granja, cuando las intrigas palaciegas ante el lecho del Rey agonizante consiguen que éste firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente, el Rey se restablece, vuelve a ponerla en vigor e inmediatamente destituye a los ministros más reaccionarios, al tiempo que autoriza a la reina María Cristina a presidir el Consejo de Ministros. Don Carlos abandona la Corte y se traslada a Portugal antes de que Fernando le comunique su destierro. Mientras Cea Bermúdez busca apoyos para la futura regente y su proyecto reformista, Fernando VII muere en septiembre de 1833. Con él muere también el absolutismo.