Al comenzar el siglo XVII, la
estructura de la Monarquía hispánica de tiempos de Carlos I y Felipe II estaba
comenzando a aparecer inadecuada dentro de la Europa absolutista que se había
impuesto, siguiendo el modelo de Francia. Por otro lado, la política imperial
había supuesto la debilidad económica de Castilla, que había corrido con la
mayor parte de los gastos bélicos, llevando a la nobleza castellana a la reivindicación
de una castellanización de todos los reinos peninsulares, y a la exigencia de aportación
de dinero a los demás reinos, que escasamente habían contribuido a los pesados
gastos de la corona.
El rey Felipe IV confió el poder a un nuevo
valido, Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares y duque de Sanlúcar la
Mayor (1621-1643), por lo que es conocido como Conde-Duque de Olivares. Este, abordó
una ambiciosa política de reformas económicas, administrativas y políticas que
pretendió imponer de forma autoritaria, provocando reacciones de rechazo y protesta
en algunos territorios de la corona.
Su objetivo era, por un lado, aumentar el poder del rey, buscando la consecución
de una monarquía absoluta, para lo cual consideraba absolutamente necesario un
proceso de centralización política y administrativa de los territorios de la
corona. Por otro lado, consideraba necesario incrementar los ingresos de la
corona para financiar la costosa política exterior, pues durante su mandato se
reactivaron las hostilidades en Europa.
Olivares expresó lo esencial de su política
reformista en el llamado Gran
Memorial, enviado al rey en 1624. En él reflexionaba sobre las
instituciones y los instrumentos de gobierno de la monarquía y proponía la
necesidad de una mayor uniformidad en la legislación y la contribución a las
cargas de la monarquía por parte de todos los reinos, siguiendo el modelo
fiscal y legal castellano. La idea principal era reforzar la autoridad
real y alcanzar la unidad entre los distintos reinos.
Las reformas administrativas y económicas:
La “Junta Grande de Reformación
Olivares trató de poner en marcha, a través
de la Junta Grande de Reformación, un ambicioso plan de reformas
administrativas y económicas, entre las que destacaron las siguientes propuestas:
·La reducción de oficios y empleos
cortesanos, así como de los excesivos gastos suntuarios.
·La protección de las actividades artesanales y del comercio. Para ello se propusieron, entre otras
medidas, la realización de obras de canalización para hacer navegables los
principales ríos y la supresión de las aduanas y puertos secos. Medidas todas
ellas, de tinte mercantilista.
·La abolición de los millones y
la creación de una serie de instituciones (erarios y montes de piedad) que
contribuyeran a reducir la deuda pública y financiar las actividades
económicas. Estos erarios debían mantenerse con aportaciones proporcionales a
la propiedad, lo que supuso la oposición de los grandes propietarios.
·Medidas para aumentar la población, como las exenciones
fiscales a los matrimonios jóvenes y con gran número de hijos y la fundación
de colonias de artesanos extranjeros católicos, buscando al mismo tiempo
revitalizar la industria.
·Implantación del nuevo impuesto sobre la sal. Se intentó aplicar en Castilla para todos
los súbditos, pero suscitó la oposición del clero y de la nobleza. Se opusieron también
a este impuesto territorios con exenciones fiscales tradicionales, como el
señorío de Vizcaya, donde este era un producto indispensable, pues muchos de
sus habitantes se dedicaban a la salazón de pescado. Finalmente, la
contribución tuvo que abolirse a cambio de un subsidio en metálico pagado por
las ciudades.
Las resistencias a las reformas fueron
múltiples en toda la monarquía. Las medidas propuestas lesionaban los
intereses particulares de propietarios, oligarquías locales y comerciantes. Se
produjeron diversos motines contra la nueva fiscalidad y las Cortes se negaron
a aprobar, entre otras, la propuesta de creación de los erarios y la
introducción de un sistema tributario nuevo y unitario.
La “Unión de
armas”
Buscaba una contribución proporcional de
todos los territorios de la corona para la defensa de los intereses hegemónicos
en Europa, algo que, hasta ahora, sólo había realizado Castilla. Se trataba de crear
un ejército de 140.000 hombres, reclutado y mantenido por cada reino en función
de sus recursos demográficos y económicos.
Este proyecto chocó de inmediato con la
realidad de la crisis económica y social, y la resistencia de los distintos territorios
con fueros y privilegios que existían en la península. Además, había dos
circunstancias que dificultaban su realización: por un lado, las necesidades
financieras de la corona eran acuciantes; por otro, las tropas estaban ocupadas
en las guerras de Europa y no constituían una amenaza para los territorios que se oponían a
la medida.
Ante esta situación, los reinos de la Corona
de Aragón solicitaron que fueran sus Cortes las que deliberaran sobre la
contribución a la Unión de Armas. Tras muchas discusiones y presiones por parte
de los reinos de Aragón y Valencia, el rey aceptó una rebaja en la aportación y
que esta fuera en metálico y no en soldados. Cataluña se negó a realizar
contribución alguna y quedó al margen de la Unión de Armas.
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